La enfermedad y muerte del presidente Hugo Chávez, así como las elecciones presidenciales del 14 de abril, fueron los principales hechos que demostraron el lamentable estado de las relaciones entre el Gobierno nacional y los medios de comunicación en Venezuela, con la sucesión de diversos hechos que permiten a la Asociación Civil Espacio Público, asegurar que la situación muestra un “retroceso en el cumplimiento de los estándares del derecho internacional de los derechos humanos”, con la reducción de la pluralidad en la esfera mediática y una mayor concentración gubernamental discursiva y de los contenidos.
La organización, en su Informe Sobre la Situación del Derecho a la Libertad de Expresión en Venezuela durante el año 2013, destaca la comisión de 219 casos directos de violaciones a la libertad de expresión e información en el país, ya sea con ataques a periodistas y medios, censura, intimidación, hostigamiento judicial y verbal, amenazas, opacidad en el acceso a la información pública y abuso de poder en la campaña electoral.
En total, en el documento se contabilizan 287 acciones de todo tipo en contra el derecho a la libre expresión de ideas en Venezuela.
Asimismo, se resalta que “el hostigamiento judicial a los medios de comunicación aumentó 77,2% en el año 2013 y constituye la segunda categoría de violaciones recurrentes. Desde el Poder Judicial reiteradamente se persigue a periodistas y medios de comunicación; en esta categoría se incluyen, entre otras, las decisiones contra el diario Correo del Caroní, el director del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero, el Diario La Mañana, el director del semanario Sexto Poder, Leocenis García, las cuales son muestra del hostigamiento judicial al ejercicio de la libertad de información”.
Desde enero se avizoraba el ensanchamiento de la brecha entre los medios de comunicación y el Gobierno nacional, especialmente con las declaraciones que Ernesto Villegas, entonces ministro de Comunicación e Información diera con respecto a la enfermedad de Hugo Chávez, donde acusó la cobertura ofrecida por los medios privados e independientes de buscar la desestabilización en el país “con propósitos que chocan con la férrea unidad del gobierno bolivariano, el pueblo organizado y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, alrededor del liderazgo e ideario político del comandante Hugo Chávez”.
La práctica de la censura fue uno de los fenómenos más preocupantes con 77 casos, un aumento del 31% con respecto al saldo registrado el año anterior (53 casos), con lo cual este tipo de restricción fue la más frecuente de 2013, en contraste con el año anterior cuando ocupó el tercer lugar.
Además de una reducción de las opiniones críticas en los medios de comunicación, la censura fue evidente con la aplicación de prácticas de presión externa como: visitas de advertencia de autoridades gubernamentales a medios de comunicación regionales, reubicación de locutores, despido o salida del aire de programas críticos, prohibición de referirse a temas políticos, e incluso el cierre de medios debido a limitaciones para obtener papel de prensa.
Destaca el caso de las elecciones presidenciales del 14 de abril, cuando fueron registradas 47 violaciones entre el día de la jornada electoral y el 26 de abril, lo cual constituye un aumento exponencial (543%) con respecto a abril de 2012 cuando se reportaron 7 violaciones. Este resultado permite a Espacio Público ratificar la existencia de una relación entre los eventos electorales y el aumento de las violaciones a la libertad de expresión e información en Venezuela.
Además de las agresiones a periodistas y reporteros gráficos, el año pasado resaltó por el cese de las transmisiones de varios programas de televisión y radio “cuya característica común era que se dedicaban a temas políticos y críticos con el Gobierno”, según reza el informe donde también figura el “bloqueo arbitrario” a sitios web desde la Cantv y la suspensión momentánea del servicio de internet en todo el país el 14 de abril, con una caída total del sistema.
Retrasos burocráticos
En el informe también se expone la limitación de la libertad de expresión a través de la complicación de trámites burocráticos ante el Estado venezolano, mediante acciones como el retraso en la aprobación de Certificados de No Producción, que dificultan el acceso a la Comisión Nacional de Divisas (Cadivi) para la solicitud de dólares que serán destinados en la importación de insumos como papel periódico y tinta, en perjuicio de todos los diarios del país.
Esta situación generaría la alerta en los medios impresos, debido a la agudización de una crisis que había comenzado a finales del año 2012, “con las restricciones para importar el insumo, limitando los inventarios y poniendo en alerta a los medios de comunicación”, convirtiendo la escasez de periódicos en un hecho regular.
Espacio Público recurre a declaraciones de Dagoberto Romer, presidente de la distribuidora Dipalca, quien explica que el proceso para la adquisición de papel periódico en el exterior puede tomar entre 120 y 150 días, por lo cual varios diarios debieron haber recurrido a reducir enormemente su tiraje y paginación para mantenerse en circulación, en lo que se considera un atentando contra el derecho a la información.
Agresiones en expansión
Además de las agresiones contra periodistas y reporteros gráficos (con 104 comunicadores y periodistas y 24 fotógrafos) también otros representantes de los medios de comunicación pasaron a engrosar las listas de las víctimas de ataque. Entre estos destacan la caricaturista Rayma Suprani, el escritor Leonardo Padrón y la periodista Milagros Socorro, quienes en marzo fueron víctimas de amenazas por medio de mensajes y llamadas telefónicas.
Asimismo, el humorista Laureano Márquez recibió numerosos mensajes de amenazas a través de las redes sociales, luego de la publicación de la editorial del Diario Tal cual, en la que hace referencia directa al dramaturgo Aquiles Nazoa. Mario Silva, conductor del extinto programa de televisión La Hojilla, aseguró durante una transmisión de este espacio en Venezolana de Televisión, que los familiares del dramaturgo habrían expresado su desagrado ante el artículo, “el cual pretendía ofender a los partidarios del oficialismo, pues el mencionado artículo fue publicado justamente el día de las exequias del Comandante”.
Para la asociación civil, el aumento de la censura implica que los medios de comunicación y periodistas no pueden publicar información sobre temas sensibles, de manera que la sociedad ignora situaciones relevantes para el país, lo cual conlleva a un debilitamiento de la democracia que se denuncia a través del informe.
