Los niveles de crueldad traspasaron los límites de la sensibilidad en esta sociedad, sobre todo en la población juvenil con edades comprendidas entre los 15 a 25 años, lo que constituye la destrucción en segundos, del futuro del país por tratarse de personas que comienzan a vivir, pero al mismo tiempo a aniquilarse entre ellos mismos en guerras, por no dejarse arrebatar sus territorios atiborrados de droga, armas y municiones.
Es el peor drama de crímenes en los últimos tiempos en las calles de Venezuela, lo cual demuestra la falta de valores y la desintegración de la familia, consagrada como institución en toda sociedad.
Ligada a esta efervescente violencia, destaca el despiadado comportamiento de estos delincuentes juveniles, quienes les complican la existencia a otros sectores de la población, porque a la hora de atacar no les importa sexo, edad, condición humana, religión ni ideología política. El resto de la población se mantiene encerrada en sus hogares para evitar ser otra cifra dentro las estadísticas de robos, violaciones, secuestros y asesinatos que transcurren a diario.
El reflejo más reciente, que ha quedado marcado en la memoria de los venezolanos, es el caso de la actriz Mónica Spear y su esposo Thomas Berry, ambos asesinados a tiros en Carabobo frente a su hija de 5 años, quien también resultó herida en el suceso.
La indignación de la población en general, sin distingo de estrato social y económico, hizo que se encendieran las alarmas del Estado, desde donde activaron, una vez más, el aparataje de seguridad, el cual al parecer trabajaba a media máquina, pero además, despertó en protesta a una masa de gente que dormía incólume ante centenares de homicidios perpetrados cada minuto frente a sus ojos en este territorio, restándoles importancia quizás por estar acostumbrados a la suma de números que integran una lista de nombres anónimos, abultada de impunidad e indiferencia de las autoridades y del común de la ciudadanía.
Distinto fue el caso Spear-Berry que estremeció al país, porque la actriz tuvo la suerte de elevarse a la fama gracias al talento y carisma demostrado en los dramáticos en los cuales incursionó, tanto en la televisión nacional como internacional, que le valieron un lugar en el corazón de la audiencia, de manera que el sentimiento colectivo al conocer la fatal noticia fue notorio y contundente.
Aunque parezca irónico, tuvo que ocurrir esta desgracia para que el Gobierno experimentara un sacudón que le hizo entrar en razón y entendiera que efectivamente no es un espejismo la inseguridad en Venezuela, y tras la presión de la opinión pública ordenó el reforzamiento de hombres policías y militares en patrullas en las calles.
No obstante, el Gobierno olvida su papel fundamental de protección a la ciudadanía de manera permanente, en atención al artículo 19 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referido a los derechos humanos y garantías, considerando la vida como uno de los primordiales derechos humanos de toda persona.
Dicho artículo determina que el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen.
Es tan sagrada la vida, que el propio Estado está obligado a protegérsela a las personas que se encuentran privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma, según el artículo 43 de la Constitución, que también contempla que ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla.
Pero, ¿cómo protege el Gobierno la vida de los venezolanos?
Acatando el texto constitucional, cuyo artículo 332 plasma que el Ejecutivo nacional, para mantener y restablecer el orden público, proteger al ciudadano o ciudadana, hogares y familias, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales organizará y dispondrá de un cuerpo uniformado de policía nacional de carácter civil y un cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, entre otros, los cuales son de carácter civil y respetarán la dignidad y los derechos humanos, sin discriminación alguna, en el cumplimiento de sus funciones tanto estadales como y municipales.
Si bien esta estructura la posee el Estado, no es menos cierto que los cuerpos de seguridad carecen de logística para actuar contra la delincuencia, el número de funcionarios es muy reducido en comparación con el radio de acción que deben abarcar, sin olvidar sus bajos sueldos y escasos beneficios económicos que no les favorecen para que desarrollen una óptima vida familiar acorde con sus arriesgadas labores.
También se contrapone la corrupción dentro de los cuerpos de seguridad que debilita el trabajo en equipo y conlleva a la existencia de mafias uniformadas que operan amparados con sus armas de reglamento y sus unidades, quienes se unen con antisociales de la calle para delinquir.
Este factor, aunado a procedimientos reñidos con la ley aplicados muchas veces en algunos tribunales durante la administración de justicia cuando se trata de juicios que favorecen a privados de libertad, fortalece la impunidad o falta de castigo y multiplica las acciones de seguridad en la población, al verse protegida de forma ilícita.
Uno de los mandatos de la Constitución, en su artículo 285, atribuido al Ministerio Público, es garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, el juicio previo y el debido proceso.
No son estos problemas nada más que en Venezuela desatan violencia. Es también la grave situación social decadente de una educación en valores para los jóvenes, tanto en el hogar como en las instituciones.
El desempleo, el hambre y la miseria no quedan exentos de los orígenes de la inseguridad, ya que mantienen en el ocio a las personas y les resulta más fácil tomar el camino de las armas para obtener lo que desean a la fuerza.
La violencia como comportamiento deliberado
Violencia física: Es la que se comete directamente en el cuerpo de una persona por lo que es fácil de observar.
Violencia psico-emocional: Es la más frecuente y consiste en actos u omisiones que se expresan a través de prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, actitudes devaluatorias y de abandono, insultos, burlas, silencio y gestos agresivos. Las agresiones de este tipo tienden a humillar, ofender, asustar y tienen graves repercusiones en la autoestima, seguridad y estabilidad emocional.
Violencia económica: Toda acción u omisión del agresor que afecta la situación económica de la víctima. Por medio del control del dinero, se abusa y se aprovecha de la inseguridad del otro.
Violencia patrimonial: Se trata de cualquier daño u omisión que afecta la situación patrimonial de la víctima. Se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, limitación, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades, y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima.
Violencia sexual: Cualquier acto que degrada la sexualidad de la víctima y atenta contra su libertad sexual e integridad física. Es un abuso de poder, donde se concibe al otro como objeto para satisfacer deseos.
Violencia laboral: Falta de respeto a las condiciones generales de trabajo de la víctima, descalificación injustificada de sus labores, amenazas, intimidación, humillaciones, explotación y todo tipo de discriminación en el ámbito laboral.
Violencia delincuencial: Robo, estafa, secuestro o conductas agresivas e ilegales para alcanzar bienes materiales.
Fuente: Documento en línea
