Dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática acudieron a la Fiscalía Superior del Estado Lara, con el propósito de denunciar el presunto “uso y aprovechamiento con fines políticos” de las instalaciones del Parque Temático Bosque Macuto, donde según señalan se celebró “una reunión política del Partido Socialista Unido de Venezuela”.
“Queremos manifestar nuestro absoluto y enérgico rechazo al abuso de poder que exhibe el Gobierno y su partido, al utilizar los bienes públicos para la realización de actividades partidistas, siendo el último un acto político desarrollado por la dirección nacional y regional del PSUV en un espacio recreativo del municipio Iribarren”, indicó el diputado a la Asamblea Nacional Guillermo Palacios.
El legislador unitario señaló que “los diputados a la Asamblea Nacional Pedro Carreño y Darío Vivas; el diputado al Consejo Legislativo del estado Lara, Luis Jonás Reyes; el gobernador de Aragua, Tarek El Aissami; y el presidente de la Corporación de Desarrollo Jacinto Lara (Corpolara), Luis Reyes Reyes, utilizaron este espacio para dar a conocer el planteamiento de la creación de Comisiones de Contraloría en el parlamento regional y los Concejos Municipales.
Esto demuestra de que los llamados a combatir la corrupción no se corresponden con las acciones que realizan desde el Gobierno en todas sus instancias, por cuanto en todo momento hemos visto como están utilizando los bienes del estado para la realización de actividades de carácter político”.
A juicio del parlamentario, “esta conducta viola los artículos 13, 54 y 68 de la Ley Contra la Corrupción, donde explícitamente se prohíbe el aprovechamiento de bienes públicos para favorecer a factores políticos. Ante ello, solicitamos al Ministerio Público que se abra una averiguación contra los responsables de esta actividad”.
En la denuncia, los dirigentes de la coalición opositora piden que la fiscalía llame a declarar a Luis Reyes Reyes y los diputados Pedro Carreño y Darío Vivas, de quienes señalan “podrían ser cómplices de un acto de abuso de poder y corrupción. De comprobarse la participación de los parlamentarios en este delito, se les debe seguir el procedimiento especial para allanarles su inmunidad parlementaria”.