El diputado al Consejo Legislativo del estado Lara por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Orlando Miranda, informó que el parlamento regional recibió la ratificación de la orden de destitución de tres directores de la Gobernación de Lara por parte de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.
El legislador recordó que en el año 2012, la misma instancia había ordenado la destitución del director de Planificación y Presupuesto, Erick Pérez, y de la Imprenta Oficial del estado, Nelson Mujica; así como también de la Consultora Jurídica, Ana Luisa Angulo, “producto de las diligencias adelantadas por este Consejo Legislativo, por impericia y falta de compromiso en sus funciones públicas de estos funcionarios del Ejecutivo regional”.
Con documentos en mano, Miranda indicó que “en esta comunicación emitida el 17 de diciembre de 2013, la Sala Político Administrativa del máximo Tribunal de la República ratifica su decisión de ordenarle al gobernador Henri Falcón la destitución inmediata de estos tres directores”.
Por otra parte, señaló que “la Corte Segunda en lo Contencioso Administrativo había fallado a favor de la Gobernación, por cuanto se había alegado un conflicto de competencias entre poderes. Pero en este nuevo documento, la Sala Político Administrativa aclara el panorama legal, estableciendo que el Consejo Legislativo tiene entre sus atribuciones el control ante el Ejecutivo regional, de conformidad con la Constitución del estado Lara.
Por lo tanto, esta sentencia de destitución es firme, definitiva e irrevocable, producto de la negligencia, impericia y múltiples faltas de estos directores en sus funciones administrativas. Según reza la sentencia del TSJ, estas remociones deben hacerse efectivas inmediatamente”.
“El gobernador ya debe tener conocimiento de esta decisión y en las próximas horas tiene que hacer efectivas las destituciones. De lo contrario, los diputados de este parlamento acudiremos al Tribunal Contencioso Administrativo, a fin de que se haga cumplir la medida”.
“Henri Falcón, en su carácter de abogado de la República Bolivariana de Venezuela, sabe que el no cumplimiento de una orden emanada del TSJ implica incurrir en una situación ilegal. Por lo tanto, puede ser objeto de sanciones políticas y administrativas”, destacó Miranda.
