El diputado a la Asamblea Nacional, Guillermo Palacios, informó en nombre de la Mesa de la Unidad Democrática que el próximo miércoles interpondrá un oficio ante la Fiscalía Superior del estado Lara, a fin de denunciar lo que considera el aprovechamiento de bienes de las instalaciones Parque Temático Bosque Macuto para uso “personal y político” por parte de dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela.
“Diversos medios de comunicación regionales reseñaron la realización de una reunión de la dirección nacional y regional del PSUV el pasado 10 de enero en el Bosque Macuto.
Esta actividad como se reseña en la nota no tendría ninguna relevancia en relación con la gestión pública que los ciudadanos estamos en el deber de controlar, sino por el abuso de poder cometido por altas autoridades nacionales y regionales del PSUV de utilizar los bienes públicos como si fuesen de su propiedad para realizar actividades proselitista, lo cual está prohibido por Ley”, explicó.
“Queremos destacar la utilización de un espacio público y de un bien municipal que tiene definiciones muy claras para su uso eco-ambiental y para el esparcimiento de la colectividad en general. Es criminal utilizar estas instalaciones públicas para reuniones de partidos políticos”.
El parlamentario citó el artículo 13 de la Ley contra la Corrupción, donde reza que “los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de parcialidad política o económica alguna. En consecuencia, no podrán destinar el uso de los bienes públicos o los recursos que integran el patrimonio público para favorecer a partidos o proyectos políticos”.
Asimismo, se refirió al artículo 54 de la misma Ley, que establece penas de prisión de seis meses a cuatro años a quienes, en su función de funcionarios públicos, utilicen bienes de patrimonio público “en beneficio particular o para fines contrarios a los previstos en las leyes, reglamentos, resoluciones u órdenes de servicio”.
“Se impone que quienes han incurrido en esta conducta sean investigados, a fin de responder por la realización de estos hechos que son violatorios de las normas que rigen la transparencia de las actividades de la administración pública”, dijo.
En tal sentido, informó que solicitarán una averiguación contra el presidente de Corpolara, Luis Reyes Reyes, los diputados a la Asamblea Nacional Darío Vivas y Pedro Carreño, el presidente del Consejo Legislativo del estado Lara, Luis Jonás Reyes, y el gobernador de Aragua, Tareck El Aisami, responsables de la reunión.
