Desde el anuncio el año pasado de la venta del canal de noticias Globovisión, así como las publicaciones agrupadas bajo la Cadena Capriles, a empresarios de alguna manera ligados al Gobierno nacional, en Venezuela diversas organizaciones encendieron sus alarmas en torno a la posibilidad de que derechos ciudadanos como la libertad de expresión e información se vieran comprometidos con el cambio de propietarios.
Una situación que a finales de año se complicó aún más con los anuncios de cierre de varios medios impresos regionales (De Frente de Barinas, El Sol de Maturín, La Hora y Caribazo de Nueva Esparta, entre otros) debido, principalmente, a la falta de insumos como papel y tinta para garantizar sus tirajes diarios. Amarga realidad que ahora se extiende a medios como EL IMPULSO y El Nacional, que desde hace varias semanas esperan contar con las divisas para adquirir los insumos que garanticen su funcionamiento.
En un análisis del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) sobre las amenazas, presiones y controles sufridos por los medios de comunicación durante el año 2013, se destaca como nueva práctica la “asfixia metódica y persistente a una empres de comunicación” hasta lograr el objetivo de comprometerla tanto económica como financieramente, a los fines de obligar a sus dueños a vender. La negación de divisas a los medios de comunicación sería una de las expresiones de esta forma sofisticada de atacar a la prensa libre.
“Las presiones indirectas de tipo económico -como la asignación discrecional de publicidad oficial, el otorgamiento de divisas para la compra de insumos, o regulaciones fiscales para premiar o castigar a los medios de comunicación según su orientación informativa- afectan profundamente el trabajo informativo de un medio de comunicación”, expresó Marianela Balbi, directora ejecutiva del YPIS en Venezuela, quien considera que este tipo de prácticas son contrarias a la libertad de expresión, tal como la establece la Declaración de Principios de la Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En un comunicado oficial emitido la semana pasada, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) -de la cual EL IMPULSO forma parte como miembro fundador- se responsabilizó directamente al Gobierno nacional sobre un eventual cierre del Decano de la Prensa Nacional, así como otros medios de comunicación, debido a su línea editorial crítica.
Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, precisó que desde los gobiernos se busca someter a otras modalidades de presión al momento de aplicar la mordaza informativa. “Aunque no se trate de una orden militar, es un acto propio de la fuerza, puesto que, está bien claro, no deriva de la razón”, manifestó.
En el comunicado se criticó el requisito de contar con una “certificación de productos de no producción nacional”, emitido por el Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio (Milco), para poder contar con la cuota de dólares de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), debido a la engorrosa espera de varios meses que significa la obtención de la mencionada autorización.
Parte de la estrategia
El investigador comunicacional Andrés Cañizález, autor del libro Hugo Chávez: La Presidencia Mediática, considera previsible que durante 2014 se produzcan acciones contra los medios impresos, sobre todo tras el control importante que el presidente Nicolás Maduro pudo consolidar sobre los medios audiovisuales al inicio de su gobierno el año pasado, por lo cual la prensa escrita debería ser el siguiente hito comunicacional. Una estrategia para la cual concibe a la asignación de divisas como una principal arma.
“El tema de la asignación de divisas es sólo un elemento, porque hay otro tipo de acciones que ha venido implementando el Gobierno, por ejemplo, con una cantidad de juicios que se han venido abriendo contra medios y periodistas que también se inscriben en esa línea, en ir apretando el cerco sobre los medios impresos”, aseveró.
Sin embargo, el especialista no llega a considerar que el fin último de la actitud del Ejecutivo nacional sea el cierre definitivo de los medios escritos -aunque algunos medios regionales ya han bajado sus santamarías- sino simplemente mantenerlos en zozobra e incertidumbre, en constante tensión a sus propietarios, como pasaría a los periodistas contra los cuales se mantienen abiertos procesos judiciales.
En última instancia, expone, el objetivo de la estrategia es llevar a los medios a preguntarse si las noticias que emiten molestan al Gobierno y si eso se puede traducir en negativa para aprobar las divisas, a los fines de generar un mecanismo para que los medios estén en permanente actitud sobre su destino y su futuro. “Eso me parece más cónsono con la estrategia aplicada por Maduro que ha generado mecanismos para mantenerlos en la vista”, acotó.
Cañizález tampoco descartó la venta de otros medios impresos en el país, a la luz de lo ocurrido con la Cadena Capriles siendo este el grupo editorial con mayor impacto en la prensa escrita nacional, por cuanto los propietarios de medios escritos con una posición crítica hacia la gestión del Gobierno nacional, estarían en una situación de fragilidad al confrontar una constante incertidumbre con variables que no dominan.
Con la cabeza en otros temas
Sobre el impacto de la situación que enfrentan los medios de comunicación, Cañizález, quien desde hace varios años trabaja en el tema, expuso que salvo lo ocurrido cuando se dio el cierre definitivo de RCTV, en mayo de 2007, y la sociedad venezolana se manifestó porque comprendió lo que ello implicaba, en general la ciudadanía no tiene una conciencia muy clara de cómo todas las presiones afectan el trabajo periodístico, limitan la libertad de expresión y, por tanto, les termina afectando a ellos mismos.
Esta percepción también estaría marcada por la acentuada polarización que afecta al país, ya que en cuanto a los medios existen posiciones muy marcadas tanto a favor como en contra de su desempeño en los últimos años.
“La labor de todos los medios impresos es hacerle ver a la sociedad a la que sirve que están en una situación crítica, que no han recibido las divisas para importar papel, que los periódicos se producen con materiales importados. Hacer una labor pedagógica sobre esos temas también puede ser una posibilidad para mantener esos importantes temas en el tapete”.
Marcelino Bisbal, director de Estudios de Posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), coincide con Cañizález en torno a la poca preocupación que el venezolano muestra sobre los medios de comunicación, una posición alimentada por el mayor interés que sin duda generan otros temas como el desabastecimiento, el desempleo y la inseguridad. Esta situación la comprobó el catedrático hace dos años mediante el uso de grupos focales de opinión.
“Cuando se le toca el tema de la libertad de expresión no lo ve como un gran problema, lo cual es terrible porque la libertad de expresión es un derecho humano fundamental global, si no se tiene derecho a expresarse no se puede manifestar lo que sucede con la situación de la inseguridad, el desabastecimiento, el desempleo”, dijo al tiempo que lamentó que en los grupos focales se oiga a los participantes expresar que la libertad de expresión es un problema limitado a los comunicadores sociales, periodistas y dueños de medios.
Asimismo, el catedrático estima posible la continuación de lo que considera es una embestida contra los medios de comunicación, más allá del diálogo y la conciliación promovidos por el presidente Nicolás Maduro, la cual será mucho más fuerte. Las declaraciones del diputado Julio Chávez, presidente de la Comisión de Poder Popular y Medios de la Asamblea Nacional, sobre la necesidad de una nueva ley que unifique instrumentos como la Ley de Reponsabilidad Social en Radio Televisión y Medios Electrónicos (Resorte), el Código de Ética del Periodista, la Ley de Ejercicio del Periodismo, permiten a Bisbal considerar la arremetida contra el periodismo escrito.
“Creo que viene una embestida mucho mayor y si, hasta ahora, los medios impresos se encontraban de alguna forma libres de poder publicar en terminos de libertad de expresión, creo que con las divisas para la compra de papel será mucho más limitado y quien quita que en esta ley que esperan discutir a lo largo de este año, pues obviamente creo que será incluido el medio impreso.
El actual Gobierno como el anterior tiene plena conciencia del rol estratégico de poder de los grandes medios”.
Acelerar la prensa digital
Aunque por motivos muy diferentes que los periódicos venezolanos, como el descenso paulatino de sus lectores con el paso de los años, la prensa escrita de otros países apuestan por la alternativa digital para mantenerse en el juego mediático como parte del proceso de expansión natural que vive el campo digital de la comunicación.
No obstante, explica Cañizález, el caso de Venezuela es atípico, porque mientras en otros países se cierran las redacciones por la ausencia de lectores en este país los periódicos tradicionales mantienen un público importante que sigue apostando por comprar su ejemplar cada mañana, por lo cual el fenómeno digital camina de la mano con el mundo impreso en cuanto a preferencias del lector.
Por ello, ante el crecimiento las restricciones sobre las versiones impresas de los medios, el especialista estima necesario los medios tradicionales impresos aceleren la conformación de sus plataformas digitales.
“Imaginemos que el día de mañana se corta el ingreso de divisas temporalmente para un periódico. Con una web fortalecida y buena presencia en las redes sociales, este puede mantener su dinámica informativa por un periodo determinado mientras se restablece la compra de papel. Los medios impresos, no solamente por los cambios que se están viviendo en el mundo sino por los problemas particulares que hay en Venezuela, tienen que acelerar su reconversión digital”.
Por su parte, Marcelino Bisbal confía en el potencial del medio digital, particularmente las redes sociales, como válvulas de escape para la disidencia en el país, sin embargo, no toda la población tiene acceso a estas, por lo cual los medios tradicionales llevan la supremacía en cuanto a influencia sobre los ciudadanos y la prensa escrita sería el próximo objetivo que se habría fijado el Gobierno nacional tras el cerco jurídico impuesto a los medios audiovisuales.