Durante una rueda de prensa convocada con el propósito de ofrecer un balance del año 2013, el coordinador para la Región Centroccidental del Ministerio del Trabajo, mayor Nelson Pereira, señaló que su despacho ha recibido diversas denuncias por parte de trabajadores de la Alcaldía de Iribarren, quienes presuntamente han sido objeto de “desmejoras y retaliación política por parte de la nueva administración municipal”.
“Tenemos una irregularidad en la Alcaldía de Iribarren. Alrededor de 100 trabajadores se encuentran suspendidos de sus funciones y puestos a la orden de la Dirección de Recursos Humanos. En una reunión que sostuvimos con ellos, denunciaron que la situación obedece a posiciones políticas.
Esto se traduce en una notable desmejora en sus condiciones de trabajo, que por supuesto nosotros como Ministerio estamos en el deber de iniciar todos los procesos de rigor, a fin de poner a derecho a todos estos trabajadores”, indicó el funcionario.
“Le hacemos un llamado al alcalde Alfredo Ramos, a que deponga este tipo de actitudes que van en contra de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Trabajo. Como dirigente sindical que fue en alguna oportunidad, él debe saber muy bien que no puede estar arremetiendo contra sus empleados, por el simple hecho de tener una postura política distinta a la suya”.
Pereira añadió que “hemos recibido denuncias similares por parte de 20 trabajadores de la Alcaldía de Palavecino. Esperemos que el nuevo alcalde de Jiménez no tome estos malos ejemplos en su gestión”.
Con respecto a las denuncias formuladas por el alcalde Alfredo Ramos sobre incorporaciones irregulares en las nóminas por parte de la anterior administración municipal, Pereira expresó que “ese tipo de situaciones deben ser denunciadas en los órganos competentes. Quien debe determinar si existen vicios es un Tribunal, mientras tanto, se deben respetar los derechos laborales de esos trabajadores”.
2013 tranquilo
Pereira calificó como “tranquilo” el desenvolvimiento del año 2013 en materia laboral. En tal sentido, detalló que las inspectorías adscritas a su coordinación atendieron 154.700 casos durante el ejercicio fiscal, de los cuales el 114.643 correspondieron a las ubicadas en el estado Lara.
Asimismo, señaló que se procesaron 4.183 solicitudes de reenganche, 3.000 procesos de calificación de falta, fueron impuestas 2.488 multas y se discutieron 125 contrataciones colectivas.
