Como exageradas considera el doctor José Gregorio Zaá, concejal suplente del municipio Iribarren, las liquidaciones por el ejercicio gubernamental de la ex alcaldesa Amalia Sáez y el ex director de recursos humanos, el abogado Carlos Pereira, así como de otros ex funcionarios de alto nivel.
Esas personas con poco tiempo prestando sus servicios personales para instancias del poder municipal, con las sumas que percibieron al concluir su relación laboral, atentan y afectan al fisco municipal.
En el caso de Amalia Sáez se tiene conocimiento que cobrará más de 5 millones de bolívares (cinco mil millones de los viejos), los cuales se sumarán al millón 500 mil bolívares al cual ha hecho referencia el director general de la alcaldía, abogado José Ignacio Guédez.
La suma total es producto no sólo de su relación funcional con el Municipio, sino también por los años que ha prestado servicio a la administración pública, sea a nivel nacional, estadal o municipal.
En lo que respecta a Pereira, quien está cobrando casi un millón de bolívares (casi mil millones de los viejos), más otros emolumentos que se derivan, si bien es cierto de la relación laboral, no es menos cierto que él alega 28 años de servicios en la administración pública, pero, los últimos cuatro años fueron para el Municipio. Pretende que asuma el Municipio las cargas derivadas del cese en otras dependencias.
Sus prestaciones sociales fueron liquidadas alegando el contenido de la cláusula 74 de la convención colectiva de los empleados públicos al servicio del municipio Iribarren, la cual establece que una vez culmine la duración de trabajo por cualquier causa, el trabajador tendrá derecho a 30 días como una bonificación especial, así como 60 días de salario integral por cada año de servicio que haya prestado al Municipio. Parece que el abogado Pereira llevó el contenido de esa cláusula al momento en que inició sus servicios personales en la administración pública, es decir, no se liquidó con los cuatro años que estuvo en la instancia municipal.
Conviene señalar que esa contratación fue muy vituperada y atacada por Pereira en el momento en que se desempeñó como titular de la oficina de Recursos Humanos de la Alcaldía de Iribarren.
Estos y otros funcionarios se liquidaron en función del contenido de la mencionada cláusula que les proporcionó enormes sumas de dinero, no imaginadas para cualquier trabajador municipal.
