El incremento del diez por ciento en el salario mínimo de los trabajadores y en las pensiones del Seguro Social es una burla, porque la inflación acumulada del 2013, superó el 56 por ciento, según informe del Banco Central de Venezuela que deja duda en la población, porque cuando la gente va a la calle encuentra que cada vez los bienes tienen un costo mayor y, en consecuencia, el ingreso familiar alcanza menos.
Al referirse a la decisión presidencial, Pablo Castro, dirigente nacional del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess), dijo que no sólo se está arrastrando una inflación muy grande, sino que ya hay una devaluación de hecho del cien por ciento, al autorizar el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela a la empresa Pdvsa a negociar sus divisas a la tasa de cambio que resulte de las subastas de dólares, es decir, a 11,30 bolívares por dólar.
Existe la posibilidad de otra devaluación para mediados de año y, desde el año pasado, se está hablando de un incremento del precio de la gasolina
Es por ello que ese aumento no significa solución alguna al problema de recuperación del ingreso de los trabajadores.
-¿Cuál es el planteamiento de Fadess?
-Lo fundamental, como ha sido el reclamo hecho por el movimiento sindical, es sentarse a discutir la situación económica y concertar con los distintos sectores, para estimular el aparato productivo. Mientras no se genere confianza y no haya inversión dirigida a la producción, el Gobierno seguirá importando bienes y cada vez que escasean los dólares esos bienes tienen un mayor precio.
Esas son las razones por las cuales consideramos que ese tipo de incremento salarial, en forma espamódica, sin una política dirigida a concertar los distintos sectores, termina siendo una burla para los trabajadores venezolanos.
-¿Qué aspecto importante tiene el movimiento sindical dentro de esa concertación?
-La contratación del sector público. Aquí hay contratos colectivos que tienen más de diez años sin ser discutidos. El Gobierno lo que ha hecho es recurrir a la imposición. Consideramos que no se puede seguir con ese tipo de decretos sin una consulta al país.
-Pero, ¿no ha dicho el Gobierno que ha suscrito contrataciones con sindicatos de varias ramas del sector público?
-Discusiones no ha habido; el Gobierno ha impuesto. Así ocurrió con el sector de educación. Los gremios docentes no tuvieron la oportunidad de discutir como debe ser todas las cláusulas que conforman un convenio colectivo y que el incremento salarial obedeciera al planteamiento de los profesionales de la docencia, quienes han sido subpagados. Durante más de diez años no hubo una mejora sustancial para esos trabajadores.
En lo que respecta a las comunicaciones, particularmente Cantv, prácticamente fue impuesto el contrato colectivo.
Y en el caso del Metro, el Presidente de la República dijo que era el mejor contrato. Cuando discutíamos el contrato de esa empresa y no había el impacto de la inflación, los beneficios para los trabajadores de ese servicio de transporte eran referencia para el resto del país.
No se ha discutido el contrato de los trabajadores del sector eléctrico, ni de la industria petrolera, porque a finales de año fue paralizada la discusión porque considera Pdvsa que el planteamiento formulado por sus trabajadores no es digerible.
-¿Qué proponen?
-Debería haber una política dirigida a fomentar la contratación colectiva del sector público con los distintos sindicatos que representan los trabajadores, en el marco de una discusión de ganar ganar. No seguir el Gobierno imponiendo condiciones.
Fomenta confianza
El Ejecutivo Nacional debe fomentar la confianza en el sector privado, a fin de que haya inversión productiva, el aparato productivo se reactive y se puedan producir bienes y alimentos, para lograr mejorar la calidad de vida de la población, dijo Pablo Castro.
Al mismo tiempo, se debe sincerar al sector público, porque, por ejemplo, a los trabajadores de la empresa eléctrica nacional se les adeuda casi 10 mil millones de bolívares en pasivos laborales.
Castro dice que es muy reducido el porcentaje de trabajadores que tienen el beneficio de las convenciones colectivas, ya que apenas llega al 9 por ciento de la población laboral, que es de 13 millones de trabajadores.
De las empresas privadas, más de 420 contrataciones colectivas fueron discutidas el año pasado, mientras fue ínfimo en el sector público.
