Desde hace varias semanas teníamos pendiente producir una nota editorial sobre el caso del comisario Iván Simonovis. Ingenuamente llegamos a creer que lo haríamos, a fines del pasado mes de diciembre, para saludar, aliviados, su libertad, como principio de una era de reconciliación y paz, en esta escarnecida Venezuela. Lastimosamente no fue así.
Tres nuevos factores gravitaban, en medio de otros ya existentes, a favor de una medida humanitaria, de sobra justificada. Primero: el homenaje global a Nelson Mandela y su esplendente legado de alianza y perdón, que volvió a sensibilizar al mundo, en torno a la necesidad humana, e histórica, de vencer el odio y las retaliaciones sociales como elementos envilecidores de los pueblos. Habría sido, sin duda, la mejor forma práctica de honrar esa herencia: vaciar las cárceles de presos por asuntos inherentes a la conciencia. Segundo: el inusual pero encomiable diálogo entre el Presidente y los gobernadores y alcaldes de la oposición, abonaba, aun en medio de la natural incredulidad, un camino de obligante sindéresis institucional. Además, como tercer ingrediente reforzador de la esperanza, flotaba allí, en la atmósfera, el apacible ambiente de la Navidad, tan propicio para la exteriorización de todo buen propósito. Para la rectificación y el encuentro con Dios. Una fecha que obra el milagro de ablandar los corazones más endurecidos.
El país, pues, esperaba que el Gobierno se dignaría a conceder la amnistía que pusiera fin, al menos en parte, porque hay secuelas imborrables, al calvario del ex secretario de seguridad de la Alcaldía Mayor. Padece 17 patologías. Osteoporosis, diabetes, hipertensión, posible cáncer de próstata. Algunos de esos males severos los adquirió dentro de la cárcel. Sigue sin recibir atención postoperatoria ni la exposición solar y la terapia del dolor, que aconseja con urgencia su síndrome de túnel carpiano. Su cuadro clínico es delicado, al punto, sorprendente, de haber conmovido a un personaje tan sombrío como José Vicente Rangel. “Simonovis está muy delicado de salud. ¿Qué impide una medida de gracia?”, se preguntó, cerebro tan perverso, en artículo de prensa.
Pero es que Simonovis no sólo está enfermo de gravedad. Su proceso judicial se vio plagado de vicios escandalosos. Le negaron en forma sistemática, y aberrante, las garantías de un debido proceso. Las pruebas balísticas, que lo eximían, fueron desechadas. Particularmente en su caso, hubo ensañamiento, sevicia. El Poder Judicial tenía el público encargo de condenarlo, mientras a tanto vándalo y alardeante rufián lo absuelven y condecoran como héroe de la patria.
Persisten dudas razonables sobre si en verdad Simonovis tuvo responsabilidad en los delitos por los cuales es acusado, en relación a los sucesos de abril de 2002. Abundan evidencias y testimonios que echan por tierra los cargos. Ahí está, por ejemplo, la demoledora confesión del ex magistrado de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte, en carta notariada y apostillada por la Cancillería de Costa Rica. No hay pruebas, asegura, y aún así, la tajante orden impartida desde Miraflores fue la de expedir la condena, a la pena máxima de 30 años.
Es obvio que, por un instante, el régimen dudó, y en un sordo cruce de insinuaciones entre las facciones que se tironean en el seno de la revolución, prevaleció la tesis de la crueldad, en el entendido de que mostrarse justos, o humanos, es signo inaceptable de debilidad. El ministro del Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodriguez Torres, dijo el 22 de diciembre que el presidente Nicolás Maduro estudiaba la amnistía. Diosdado Cabello, lo desmintió días después. El ministro se retractó. Y el mandatario soltó otra de sus frases infelices: “Han montado un circo nacional e internacional con Simonovis”, dijo. ¿Un circo, señor? ¿También fue un circo el que tuvo como atracción a Franklin Brito? Es más, mintiendo, antepuso que no podía acceder a la medida humanitaria pedida hasta por Rangel, y que según su ministro él estudiaba, porque Simonovis está en manos de la justicia por crímenes de lesa humanidad. “La ley me lo impide”, se disculpa quien ostenta poderes que no saben de límites.
Pero lo cierto es que la propia acusación de la fiscal, Luisa Ortega, formulada en 2005, habla de delitos comunes. Delitos como los cometidos por aquellos a quienes, a diario, pese a su alta peligrosidad y flagrante reincidencia, la ministra Iris Varela devuelve a las calles, en sus cayapas o ferias judiciales.
Una nación amante del orden y la equidad está obligada a hacerle sentir a todos los presos políticos y exiliados que es solidaria con ellos, más allá de las imploraciones pasajeras, a todas vistas insuficientes. No es tiempo de justicieros cumplidos de ocasión. Simonovis debe ser liberado. Es justicia.
