El Plan de la Patria es absolutamente contrario a los principios establecidos en el artículo 4 de la Constitución nacional, que consagra la autonomía de las regiones y municipios y sus competencias, afirma el abogado constitucionalista, profesor de la escuela de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, José Vicente Haro.
«La Constitución establece un diseño de Estado «federal y descentralizado», consagrado en su artículo 4. Este diseño de Estado se rige por una cantidad de principios y uno de esos se refiere específicamente al respeto de las competencias que tienen los entes políticos territoriales (…) Es un fraude a la Constitución quitarle competencias a los municipios, alcaldías y concejos municipales, para transferirlas a otros órganos ya sea el poder Ejecutivo nacional o entes administrativos que dependen de éste», explicó en declaraciones a El Impulso.
A partir de este planteamiento, el jurista se refirió a la ley aprobada recientemente por la Asamblea Nacional denominada el Plan de la Patria, la cual legalizaría la violación constitucional. A pesar de que aún no se aplica, de facto ya se vienen ejerciendo medidas acorde con la perspectiva oficialista.
«Le están dando al Plan Patria el carácter entidad y relevancia no de una ley más sino de una constitución, lo cual es un fraude y un golpe a nuestra Carta Magna», advirtió Haro.
De acuerdo con las perspectivas del profesor, entre los puntos en los cuales el Plan de la Patria se deslinda de la Carta Magna destaca especialmente uno: «En todo el Plan de la Patria se diseña un modelo de Estado totalmente centralizado y unitario. Se trata de sustituir los estados por las confederaciones de comunas, los municipios por las comunas y todas las alcaldías y concejos municipales por los consejos comunales, al punto de abarcar temas como el educativo a través de los consejos educativos. Es un diseño que estaba contemplado en la reforma constitucional fallida del año 2007», recordó el abogado.
Otro aspecto alarmante es que se quiere materializar las palabras del presidente Hugo Chávez el 12 de junio, cuando presentó por primera vez al país el Plan de la Patria: «El dijo que su objetivo era consolidar el socialismo, llevar el socialismo hasta el punto de no retorno, con esas mismas palabras, cuando ese no es el modelo ni político ni social ni económico por el que votamos todos los venezolanos el 15 de diciembre de 1999», indicó Haro.
«En ese sentido, ese Plan Patria está tratando de convertirse en una especie de para-constitución, es decir, una Constitución paralela, ilegítima y antidemocrática, que de alguna manera quiere sustituir de manera velada y subrepticia la de 1999», recalcó además.
Intencionalidad
Por otro lado, el académico consideró que lo que pasa hoy en día es consecuencia de un plan ideado y puesto en marcha hace al menos seis años, cuyo primer paso fue el proyecto de reforma constitucional que Chávez consultó con el pueblo en 2007, y éste rechazó. Al no poder modificar la Carta Magna se construyó un entramado legal «inconstitucional» que contiene esos cambios, los cuales «establecieron la transición al socialismo».
«Si aquello fue la transición, esto es la consolidación. Si lo que hemos visto es grave y preocupante lo que vamos a ver con el Plan Patria, de ejecutarse, es peor, porque ahí sí nos quieren imponer, ya a rajatabla, el modelo socialista», alertó Haro.
«Tanto es así, que una de las bases fundamentales del modelo socialista marxista es el control de la plusvalía, de las ganancias, los dividendos, y eso es lo que estamos viendo ahorita. Nada de esto es casualidad. Por eso en el Plan Patria se prevé esta transferencia de competencias de los estados y los municipios hacia las comunas y consejos comunales, y a la final, desde el punto de vista político-estructural vamos a tener un Estado socialista, y desde el punto de vista socio-económico un Estado que funciona bajo un sistema económico socialista. Esto es grave», agregó.
Nulidad y acciones
Igualmente, el jurista indicó que de acuerdo a preceptos establecidos en nuestra carta fundamental, todos los actos de gobierno que atenten contra sus principios serán considerados nulos de toda nulidad.
Por ejemplo, «estos nombramientos de autoridades paralelas dictados por el presidente de la República y este Plan Patria aprobado por el Parlamento con cumplimiento obligado para todos los alcaldes no pasan de ser actos inconstitucionales y nulos».
Tal afirmación está sostenida en el artículo 25 de la Constitución, que establece expresamente que «todos los actos dictados por el poder público que violen los derechos y garantías establecidas en esta Constitución son nulos, y las autoridades que los ordenen incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa», resaltó.
Al llevar esta idea a sus últimas consecuencias, Haro subrayó que lo primero que se debe hacer es que los titulares de los gobiernos locales impugnen los actos violatorios de la autonomía federal, y presenten pruebas que sustenten tal afirmación. Esto necesariamente debe hacerse ante el Tribunal Supremo de Justicia, «a pesar del que el TSJ, como sabemos todos, carece de autonomía frente al Ejecutivo».
«Hay que seguir lo que establecen los procedimientos en ese sentido», acotó.
Suponiendo que la Sala Constitucional ratifique el acto violatorio a la Carta Magna y pretenda legitimarlo, este, de facto seguirá siendo nulo; en este caso, existe un mecanismo que reivindica la soberanía popular. «La Sala Constitucional tiene un límite, que es la Constitución (…) Esta, en su artículo 334 le da a la Sala la orden expresa de garantizar la integridad de la Constitución; si se aparta de ella está el artículo 333 señala que si la Constitución fuere derogada, desaplicada o dejada sin vigencia por cualquier medio contrario a ella, todo ciudadano venezolano investido o no de autoridad, está obligado a colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia», manifestó Haro.
Vía internacional
Por otro lado, el profesor de Derecho señaló que existe otro mecanismo «muy importante» al cual pueden recurrir los venezolanos para restablecer la vigencia de su Carta Magna, encarnado por la Organización de Estados Americanos (OEA). Este organismo se rige por la Carta Democrática, que establece en su contenido el principio de legitimidad de los órganos que ejercen los gobiernos.
En el caso de Venezuela, «el gobierno está tratando de colocar a personas que no tienen legitimidad alguna, que no fueron electos por el voto popular, en posiciones con competencias y recursos que les quitan a los verdaderos gobernantes de esas entidades», acotó Haro.
Constituyente reconoce liderazgos locales
«El espíritu del constituyente siempre fue el de establecer un Estado federal, que se caracteriza porque no es unitario, donde hay un solo poder que es el poder central, sino uno compuesto por estados y municipios con autonomía política, económica y presupuestaria, con el objetivo de que esto sea una garantía de la democracia», explicó José Vicente Haro.
«Mientras más desconcentrado y dividido esté el Poder, hay más garantías de libertad. En cambio, si está concentrado en un solo individuo hay menores garantías de democracia y mayores riesgos de una dictadura. Por eso cuando en la Constitución de 1999 se establece en su artículo 4 que Venezuela es un Estado «Federal y Descentralizado», fue muy importante porque era reconocer la historia republicana nacional, la lucha de un modelo que por fin llegó a conquistarse en 1989 para que los ciudadanos pudieran votar directamente por sus alcaldes y gobernadores y estos pudieran ejercer con recursos y presupuestos propios un conjunto de competencias para llevar el Poder Público al pueblo. El constituyente trató de darle mayores garantías a ese modelo que ya venía de alguna manera reconociéndose en Venezuela», expuso además.
Por otra parte, el constituyente buscaba que los servicios básicos, los más locales y más cercanos al ciudadano estuviesen en manos de autoridades igualmente cercanas. «Recordemos que tal vez en Caracas el Poder Central es algo con lo que convivimos, pero para las provincias se trata de un ente muy lejano. Ellos necesitan tener una autoridad política que rinda cuentas, a la que exigirle que haga cosas concretas con nombre y apellido, y por eso es muy importante el liderazgo de los alcaldes», resaltó Haro.
