Con las elecciones del 8-D se ha cerrado el período de tránsito que se abrió hace aproximadamente un año con el agravamiento de la enfermedad de Chávez. Le ha correspondido a Nicolás Maduro y a un núcleo de nuevos dirigentes tomar las riendas del país. Han logrado satisfactoriamente cumplir con el primer deber de los gobernantes: mantenerse en el poder, lo cual no ha sido tarea sencilla, ya que importantes factores nacionales e internacionales habían apostado a la salida del Presidente de su cargo en el transcurso del año que finaliza. Para lograrlo, se tomaron diversas iniciativas políticas, administrativas y electorales, así como otras vinculadas al acontecer económico, entre las que destaca la respuesta a la denominada guerra económica y las iniciativas contra la especulación y la usura.
Culminado el tramo señalado, pudiera decirse que es ahora cuando comienza en forma el mandato presidencial. El primer paso ha sido la reunión con los alcaldes electos de la oposición, una iniciativa que apunta a estabilizar la vida política y limar la beligerancia entre los factores en disputa por el poder. Sin embargo, estos pasos no deben interpretarse como una fórmula de gobierno consensual bipartidista. Esto no está planteado en nuestro país, dada la disimilitud de los proyectos que se contrastan. El PSUV y Maduro han ganado las elecciones con un programa de gobierno que están en la obligación de ejecutar. Aun así, no puede dejarse de lado que hay múltiples aspectos concretos en los que puede y debe haber mutua colaboración.
Uno de los más importantes desafíos de Maduro será el de elevar la producción nacional e impulsar una economía productiva, teniendo al mismo tiempo en consideración que toda política económica se soporta en un arco de coaliciones de clase. A tales efectos, tendría que procurar una alianza de los sectores populares con los miles de pequeños y medianos emprendedores, rurales y urbanos, que existen en nuestro país. Hay mucha gente hacendosa, diligente y tenaz. Al mismo tiempo, habría que llegar a un acuerdo con el sector productivo agrícola e industrial que maneja grandes capitales, dándole un trato diferencial en relación a la burguesía importadora. Todo esto exige poner orden en las cuentas públicas, y también de decisiones monetarias y cambiarias que progresivamente favorezcan la producción nacional.
En cuanto al socialismo, eje esencial del programa de gobierno, en esta etapa se tendrían que validar los cambios que se han hecho, en particular en las empresas que han pasado a manos públicas y los nuevos emprendimientos comunales, para lo que hay que dar muestras de eficiencia y pruebas de superioridad. Son experiencias que, de fracasar, descalificarían la idea misma de propiedad social. Por otra parte, es necesario revitalizar el poder de base, la participación de la gente, el poder comunal y el empoderamiento social. En fin, “rectificar los errores, hacer autocríticas y escuchar a la clase media”.
