Ex director de Recursos Humanos de la Alcaldía: Reto a Guédez a que me denuncie ante cualquier instancia

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El abogado Carlos Pereira, ex director de recursos humanos de la alcaldía de Iribarren, haciendo uso del derecho a réplica que le confiere la Constitución, vino a este periódico y rechazó las declaraciones formuladas a este medio por José Ignacio Guédez, director general de la Alcaldía, sobre presuntas liquidaciones multimillonarias que lo aluden.

En este sentido, en su condición de funcionario público desde el 1ro de abril de 1986 en la Zona Educativa de Lara, con 28 años de servicio en la administración pública nacional, dijo que una vez que asumió la dirección de recursos humanos en el poder municipal local y renunció a su anterior cargo en el Ministerio de Educación el 18 de septiembre de 2013, los años de servicio en dicho ministerio fueron transferidos a la alcaldía de Irirbarren, y este ente fue el que solicitó su jubilación especial, al tiempo que asumió la antigüedad del mismo, tal como lo concretó, previa consulta al Síndico Procurador, quien lo consideró procedente, en base al principio de unicidad de la administración pública.

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“Debo señalar además la irresponsabilidad con la cual se trata este caso, pero lo que ellos quieren es tender una cortina de humo porque en los próximos días, debo denunciar, se producirán despidos masivos de trabajadores humildes en la alcaldía de iribarren”, puntualizó.

Le hizo un llamado a la reflexión al alcalde Alfredo Ramos, “que se rasga las vestiduras diciendo que es el defensor de los trabajadores, para que por favor haga desistir a su subalterno (Guédez) para que no se produzcan los despidos que se están preparado en las próximas horas, lo que generará una grave crisis laboral”.

Manifestó que responsablemente reta a Guédez a que lo denuncie en cualquier instancia, “porque en cualquier instancia nos veremos las caras, ya que con la verdad ni ofendo ni temo”.

Expuso que está en manos de la vicepresidencia de la República el que le refrende su jubilación para que la Alcaldía proceda a cancelarle ese beneficio vitalicio e irrenunciable determinado así por la ley.

Recalcó que por estar ajustado a derecho el Ministerio del Poder Popular de Planificación solicitó su jubilación.

 

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