Antes de terminar el año pasado, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, general Miguel Rodríguez Torres, dijo que había descendido la cifra de homicidios durante el 2013 en el país.
Cuando se le preguntó al doctor Rafael Narváez, director de la asociación Defensa por los Derechos Civiles, su opinión al respecto fue: “No es cierto que se haya producido una disminución en el número de muertes violentas”.
Ni coordinación, ni desarme
El ministro ha desatendido sus responsabilidades, expuso. Tenía que cumplir dos tareas fundamentales: la primera, constituir una coordinación policial, la cual tiene que ver con la integración de las policías municipales, estadales y nacionales.
Sin embargo, como él es un activista político hizo caso omiso a esa propuesta, que pudiera haber corregido los 22 planes de seguridad que se han aplicado en los últimos catorce años, sin que hasta ahora ninguno haya dado resultados positivos porque la delincuencia cada vez es mayor y, consecuencialmente, son cada vez más las personas asesinadas por los hampones.
Y la segunda responsabilidad que desatendió fue el desarme nacional. Éste fue anunciado con bombos y platillos, sin embargo, en estos momentos existen más de 7 millones de armas en forma ilegal, que en su inmensa mayoría están en manos del hampa.
Las cifras sobre las muertes violentas no las da el ministro porque carece de información. No tiene una data completa, porque no tiene la conexión con los cuerpos policiales a todos los niveles.
Violación a las leyes
-¿Por qué ninguno de esos 22 planes de seguridad ha sido efectivo?
-El Estado desprecia la vida y descalifica todas las propuestas que hemos formulado durante mucho tiempo. Incluso, desatiende las propuestas de los expertos en materia criminalística y de seguridad. Además, sigue incurriendo en la ilegalidad porque la Ley de Policía Nacional y la que tiene que ver con la seguridad ciudadana, establecen que la política de seguridad debe estar dirigida por un civil.
-¿Esto quiere decir que el ministro de Relaciones Interiores y Justicia está actuando en forma ilegal?
–Por supuesto, pues, él es un militar activo y, por lo tanto, contraría las leyes de la República. Miente al decir que han bajado los índices de homicidios porque el aliado del Gobierno es el hampa.
-¿En qué se basa su declaración?
-Al no desarmar el hampa, al no establecer la coordinación policial, al no elaborar un plan que tiene que ver con los operativos de coyuntura, se le está despejando el espacio a la delincuencia. Nosotros planteamos que octubre, noviembre y diciembre son los tres meses en los que el hampa hace su balance de ganancias y pérdidas, como un contabilista cualquiera, para ver qué pudo recoger en el transcurso del año y lo que puede conseguir en lo que resta.
Es por ello que planifican sus delitos, comenzando por los viejitos que acuden a los telecajeros y los asaltos a mano armada perpetrados por los motobanquistas, hasta la comisión de los más graves delitos secuestros y asesinatos. Como los delincuentes no han sido desarmados hacen de las suyas.
No hay seguimiento
Por otra parte, nosotros dijimos que había necesidad de establecer un mecanismo de inteligencia, prosigue el Dr. Narváez. Aquí no hay un seguimiento sobre los individuos que reinciden en el delito, porque al Estado venezolano pareciera que no le importa lo que ocurre viernes, sábado, domingo y amanecer del lunes, desfilan los familiares de las víctimas a retirar los cadáveres de la morgue de Bello Monte, en Caracas, y en las capitales de los estados.
Yo le pedí públicamente al ministro que hiciéramos guardia en las morgues de Venezuela, para que viera la cantidad de personas que han sido asesinadas, a ver si él se sensibiliza.
Activista político
Lo más censurable de Rodríguez Torres es que no actúa como titular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, sino como el principal activista del Ejecutivo Nacional.
Él estuvo encabezando el operativo de inspección, por los precios exagerados, a las empresas privadas, comenta. Suministra opiniones de corte político-partidista, como por ejemplo: “nosotros no tenemos a la mano una ley de amnistía, para darle libertad a Simonovis”. Asume actitudes como si fuese un legislador o el jefe del gobierno nacional. Esas son cosas que atañen a la Asamblea Nacional o al Pesidente de la República, quien podría hacer un decreto de amnistía y enviarlo al parlamento, para que sea aprobado.
Ese ministro opina acerca de la inflación, de la gran Misión Vivienda y, en general, se mete en todo; pero descuida su competencia, que es la seguridad ciudadana.
Ocultamiento de hechos
Afirma que el ministro se irrita cuando el doctor Roberto Briceño, un profesional de amplia trayectoria en el campo investigativo social, tiene la valentía de dar a conocer las cifras sobre homicidios que el Gobierno oculta.
Ahora bien, si el ministro Rodríguez Torres cuestiona esas cifras, entonces, que presente una data con real certeza, sugiere Narváez. El libro de novedades que los periodistas revisaban a diario en las medicaturas forenses, en el Cicpc y en las policías, ya no es accesible a los medios de comunicación.
Las mentiras en cifras
Conviene recordar que el ministro dijo, cuando se comenzó a aplicar el plan Patria Segura, que es un injerto del programa a Toda Vida Venezuela (que en realidad es a toda muerte Venezuela), se iba a reducir del 2013 al 2019 el número de homicidios en 40 por ciento.
Si eso fuese así, debiera ubicarse la reducción en un 6,7% año, observó. Pero, él mintió cuando dijo que se ha reducido el año pasado en 17,1 por ciento.
¿Dónde están los delincuentes?
Otra mentira que se le salió es que el Cicpc ha logrado detener, en Caracas, a 6.700 delincuentes por el delito de homicidio; pero, la cárcel de La Planta tiene capacidad para albergar a 3.000 reclusos. Le pregunto: ¿dónde están esos 6.700 sujetos? ¿En qué sitios han sido recluidos? ¿Se les hicieron las audiencias preliminares? ¿Están imputados? Ninguna de esas interrogantes que formulamos han sido dadas a conocer.
