El coordinador regional de la Mesa de la Unidad Democrática en el estado Lara, Macario González, fijó posición en torno a los procesos judiciales ordenados contra cuatro exalcaldes disidentes del oficialismo en los últimos días, los cuales calificó como “una manipulación de la administración de justicia, con un claro sesgo político”.
Destacó que en todos los casos -uno de ellos involucra al exalcalde de Morán, Fidel Palma- “se violentó el debido proceso, por cuanto han sido detenidos de una manera abrupta”.
“Son acciones que generan preocupación, pues son medidas que se están tomando precisamente contra los dirigentes que, siendo del oficialismo, optaron por aspirar a las alcaldías por iniciativa propia.
Sobre estos ciudadanos se habían hecho serias denuncias con anterioridad, pero fueron protegidos por la cúpula del PSUV y del sistema de administración de justicia mientras siguieron la línea de la tolda oficialista”, sostuvo.
González recordó que “lo mismo ocurrió con el gobernador Henri Falcón. Mientras estuvo en el partido de Gobierno, lo mantuvieron como un ejemplo de eficacia y honestidad. Pero una vez decidió incorporarse a la MUD, se le vino encima la Comisión de Contraloría presidida por Pedro Carreño, con la clara intención de pasarle una factura política”.
Asimismo, se refirió a las declaraciones ofrecidas a este rotativo por Jesús Silva, integrante del comité de solidaridad con Fidel Palma.
Compartimos la solicitud de estos colectivos identificados con la revolución. Nos gustaría que el diputado Carreño demostrara cómo sustenta su opulento modo de vida. Pero igualmente debería responder por los hechos que se le imputan la exalcaldesa Amalia Sáez”.
Para el directivo de la Unidad, todo ciudadano, investido o no de poder, debe responder ante la justicia en igualdad de condiciones. “Desde la MUD somos firmes en la lucha contra la corrupción y hemos sido denunciantes de esos hechos de manera permanente a través de nuestra comisión anticorrupción. Pero nadie en este país puede tener corona”, subrayó.
“Llama poderosamente la atención que, una vez concluido el proceso electoral, se pretendan este tipo de sanciones, más parecidas a una persecución política que a una lucha contra la corrupción”.
Por otra parte, González hizo alusión a las denuncias que han formulado desde los factores de la Unidad Democrática contra Amalia Sáez y Julio Chávez, indicando que “en ninguno de los casos se logró ordenar investigación alguna. Al último lo protegieron con la inmunidad parlamentaria, que por cierto no fue el mismo criterio que se aplicó con Richard Mardo”.
“La situación de la corrupción en las filas del oficialismo es tan grave y generalizada, que si investigaran a fondo media administración del PSUV debería estar enfrentando procesos judiciales, tal como lo expresó en EL IMPULSO el doctor Ramón Pérez Linárez”.
“Para el criterio de administración de justicia del PSUV, existen unos dirigentes intocables, mientras que otros caen en desgracia por pensar distinto”, sentenció.
