El 2013 fue más productivo que el año anterior, si se contabilizan los instrumentos jurídicos y los créditos aprobados por el parlamento venezolano. Este reto se alcanzó a pesar de haberse producido dos sufragios, uno presidencial y uno local.
De acuerdo con un trabajo especial realizado por el diario El Tiempo el balance del 2013 resultó en las siguientes cifras: de 32 leyes previstas en la agenda definida a principios de año fueron sancionadas 20, más 44 convenios internacionales.
A continuación el texto completo:
A pesar de la turbulencia política, desatada por la muerte del presidente Hugo Chávez el 5 marzo de este año y que derivó en comicios para escoger a un nuevo Jefe de Estado el 14 de abril, sin contar las elecciones municipales del 8 de diciembre, la Asamblea Nacional (AN) logró aprobar más normativas y créditos adicionales que en 2012. El año pasado fueron sancionados sólo nueve textos legales.
La juramentación de Nicolás Maduro (8 de abril) como mandatario nacional encargado por parte del Parlamento, la aprobación de una Ley Habilitante para tomar medidas contra la corrupción por un año, más la conversión del denominado Plan de la Patria 2013 -2019 (programa de gobierno elaborado por Chávez) a ley de la República, son a juicio de algunos diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), los tres actos legislativos más resaltantes de 2013.
Desde la bancada opositora advierten que nuevamente la AN cierra este año en mora, por cuanto no se sancionaron instrumentos legales que el país requería. Aun así el antichavismo admite que la sanción (junio) de la Ley para el Desarme fue un avance, aunque también apuntan que su cumplimiento ha sido lento. Cuestionan además la constante aprobación de recursos para el Ejecutivo sin control posterior.
De 32 leyes previstas en la agenda definida a principios de año fueron sancionadas 20, más 44 aprobatorias (convenios internacionales).
En el primer período de sesiones de 2013 (5 de enero- 15 de agosto), el Parlamento dio luz verde a la tan solicitada Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones; Reforma Parcial del Decreto No 8.807 con Rango, Valor y Fuerza de Ley que crea Contribución Especial por Precios Extraordinarios y Precios Exorbitantes en el Mercado Internacional de Hidrocarburos; Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes; Ley de Bosques; Ley del Servicio Exterior; Ley Especial de Endeudamiento Complementaria para el Ejercicio Fiscal 2013; Reforma de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública; Reforma Parcial de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas; Cultura; Código Orgánico Penitenciario; Ley que Regula la Compra y Venta de Vehículos Automotores Terrestres, Nuevos y Usados Nacionales o Importados y la Ley Especial sobre Hurto y Robo de Vehículos y Delitos Conexos.
En el segundo periodo (16 de septiembre a 15 de diciembre) se cuentan la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público; Ley de Infogobierno; Reforma Parcial de la Ley de Timbre Fiscal; Regulación y Control de la Prestación del Servicio Funerario y Cementerios; Ley para el Desarrollo y Creación Artesanal; Ley que Autoriza al Presidente de la República para Dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias que se Delegan (Habilitante), más las leyes de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014 y Endeudamiento para el Ejercicio Fiscal 2014.
El 3 de diciembre la AN convirtió en ley el Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, presentado por Hugo Chávez, durante la inscripción de su candidatura presidencial para los comicios de octubre de 2012. El texto no es incluido en el balance legislativo como una ley más sino como un “acto de relevancia política”.
Caja registradora
Transcurrido el actual año legislativo, la plenaria de la AN autorizó en total 252 créditos por Bs 278 mil 085 millones 669 mil 510 con 70.
“El oficialismo convirtió a la AN en una caja registradora del Gobierno sin ningún tipo de control para ejecutar obras, principalmente vialidad y pagos a la masa laboral que no se han cumplido (…) los hospitales y todo el sistema de salud sigue en estado de agonía”, cuestionó el diputado de Un Nuevo Tiempo (UNT), William Barrientos.
Criticó que no hubiera celeridad en la aprobación de más leyes y que el Psuv continuara con su negativa de sancionar textos como el referido al primer empleo y la extensión de beneficios como el bono de alimentación (cesta tickets) para jubilados y pensionados. El parlamentario Enrique Márquez (UNT) apuntó como “urgente” un instrumento jurídico para estimular la producción nacional en el país, así como modificaciones a la ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas, por considerar que perjudica tanto a inquilinos como a propietarios.
“El trabajo de la AN este año fue nulo, decepcionante, porque no actuó como la casa de las leyes acorde a las necesidades de los venezolanos, ni como foro para debatir los problemas del país (…) Predominaron los debates llenos de insultos, consignas a favor del gobierno, la persecución política a dirigentes y a diputados disidentes y la compra de otros para aprobar una Ley Habilitante innecesaria, porque las normativas para castigar la corrupción ya existen”, añadió Márquez.
El legislador Earle Herrera (Psuv) replicó que los recursos que incrementaron el presupuesto nacional 2013, especialmente los destinados a gobernaciones y alcaldías para cancelar deudas laborales eran necesarios. Su compañero de bancada, Ramón Lobo añadió que es obligación del Legislativo garantizarle los recursos al gobierno nacional porque están orientados al gasto social, cuyo objetivo es disminuir la pobreza en el país. Recordó a los diputados de oposición que entre las funciones de un parlamentario está la de ejercer contraloría. Dijo que si desconocen el destino de las inversiones que realiza el Estado es por “ineficientes”.
“La AN tiene un balance positivo de acuerdo con la agenda que se trazó (…) la aprobación de la Ley Habilitante que para nada resta competencias al Parlamento porque tiene campos de acción específicos –corrupción, usura, especulación- y del Plan de la Patria, son de suma importancia”, sostuvo Herrera.
Sin fuero
Este año legislativo también destacó el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de dos diputados: la de Richard Mardo (Primero Justicia) el 30 de julio, acusado de presunta defraudación tributaria y legitimación de capitales; y de la disidente del chavismo en Monagas, María Mercedes Aranguren, a quien el Ministerio Público le imputa delitos de Peculado Doloso Propio, Asociación para Delinquir y Legitimación de Capitales.
En el caso de Aranguren, el diputado Márquez señaló como una “vergüenza” que el Psuv la haya sacado del camino como la única vía para obtener el voto número 99 a favor de la Habilitante, con la convocatoria de su suplente Carlos Flores (Psuv).
Por acusaciones de ilícitos administrativos en la ejecución de obras, la plenaria de la AN, a petición de la Comisión de Contraloría, igualmente declaró la responsabilidad política de los ex gobernadores del Zulia, Manuel Rosales; y de Monagas, José Gregorio “El Gato” Briceño, así como del actual mandatario de Lara, Henri Falcón.
De acuerdo con el diputado Rodolfo Rodríguez (AD), la Comisión de Contraloría manejó este año 257 expedientes de denuncias por corrupción, de los cuales 44 llegaron este año. 174 fueron resueltos y 83 quedaron pendientes.
