El conflicto para la familia Pérez, propietaria de Dorvica Motors, continúa después de la inspección, fiscalización y forzamiento a vender los productos que ofrece en su local ubicado en el Zona Industrial I.
Después del procedimiento del día viernes, cuando se les obligó a la venta de motores a 60% menos que el precio comercializado, y como se informó el día de ayer, el propietario Vicente Pérez fue detenido y llevado al Destacamento 47 de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en la avenida Morán, mientras esperaba a ser presentado ayer en horas de la mañana ante la Fiscalía novena, a cargo de la jueza Liseth Gudiño, juez sexta de control con competencia en delitos económicos. Sin embargo, dicha presentación fue aplazada y el detenido fue llevado al Edificio Nacional, posteriormente a la sede del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas, de regreso al Edificio Nacional y, por último, nuevamente al Destacamento 47, donde pasará la noche. Mañana será presentado ante la misma instancia a las 9 a.m.
Pedro Troconis, abogado que representa al acusado, indicó que están a la espera de dicha presentación para conocer los cargos por los que se le acusa al detenido, “presumimos que es usura”, indicó, después de las declaraciones de la presidenta de Indepabis en Lara, Valentina Querales. Sin embargo, Troconis indicó que Querales no tiene la potestad de “mandar a apresar a nadie porque es un organismo que sólo levanta procesos administrativos”. “Ella argumenta que el delito es de usura en flagrancia, pero, en tal caso que haya un delito económico, nunca podrá ser en flagrancia porque viene desarrollándose desde hace tiempo”, expresó, suponiendo que este sea el caso. Además, explica Troconis, no existe un documento que estipule que el precio de un motor con su ganancia debe estar en un 30%, ya que no es producto de primera necesidad, “esto sólo lo podría decretar el Presidente de la República (Nicolás Maduro) pero no lo ha hecho”, comentó.
Especificó que el único instrumento que podrá dar el precio de los partes de los vehículos es la ley de precios justos en los vehículos, la cual aún no ha sido aprobada y enmarcará a los repuestos nuevos, entendiéndose que los repuestos ofrecidos por las importadoras son usados. Para finalizar, indicó que en los próximos días, la Cámara de Importadores de la región, hará un pronunciamiento en torno a este caso.
Denuncia agresión
Vanessa Bonier, familiar de los propietarios de Dorvica Motors, y quien se encontraba en las instalaciones del comercio el pasado viernes, llegó a la sede de este diario para denunciar la actuación de un fiscal de Indepabis que, presuntamente, la habría agredido.
“Cuando estaba terminando la inspección, yo me dispuse a grabar, mientras ellos (funcionarios de Indepabis) me decían que no lo hiciera”, indicó Bonier, “al momento de voltearme, se me vino encima y empezó a golpearme por la espalda”. Según la afectada, esta agresión le provocó un “latigazo en segundo grado”, diagnóstico que avala un récipe hecho desde el Hospital Central Antonio María Pineda, específicamente del área de Neurocirugía.
Con este recaudo, la afectada intentó poner la denuncia ante la Fiscalía, recibiendo la negativa para este procedimiento debido a que no conoce el nombre completo ni la dirección donde reside su agresor, según comenta Bonier, “y como no es mi pareja, no aplica para violencia de género”. La afectada espera que le sea escuchada su denuncia ante cualquier organismo del Estado venezolano.
