El 1º de enero de 2013 Venezuela comenzó uno de los años más curiosos de su historia republicana. Primero hubo un vacío en la silla presidencial, porque Hugo Chávez había partido el mes anterior a La Habana para recibir tratamiento médico contra el cáncer que lo aquejaba, sumado a la incertidumbre que reinaba en el país en torno al futuro del gobierno nacional, de cara a la toma de posesión que debía llevarse a cabo el 10 de enero para garantizar la continuidad del Ejecutivo nacional.
Lo que no podía faltar en cada conversación sobre política eran los posibles escenarios planteados para la continuación de la gestión de gobierno. Si el presidente reelecto no se presentaba ante la Asamblea Nacional para prestar juramento ¿debía declararse la ausencia absoluta o temporal del primer mandatario nacional, o posponer la toma de posesión hasta que el presidente se sintiera en condiciones de acudir? ¿Debía el diputado Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, asumir la Presidencia de la República tal como lo establece la Constitución Nacional?
Estas dudas fueron finalmente aclaradas el 9 de enero cuando la magistrada Luisa Estela Morales, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, informó a los medios de comunicación sobre la determinación de esta instancia de declarar “la continuidad administrativa de la gestión de gobierno”, por considerar que la nueva reelección de Hugo Chávez en octubre de 2012 se establecía como un voto de confianza popular a su gestión, por ello, la toma de posesión se trataba de una formalidad y el país podía continuar con el gabinete ministerial de ese momento y con el vicepresidente Nicolás Maduro como encargado del mando hasta que el presidente electo pudiera asumir sus funciones, según se estimaba oficialmente para ese momento.
Continuidad y devaluación
Sin embargo, eso no detuvo la controversia en torno a la justificación para el mantenimiento del gobierno, sobre todo cuando luego de varias semanas seguía la desinformación sobre las condiciones del presidente Hugo Chávez. Por esta y otras razones, se ponía en duda la información emitida en los boletines oficiales dados por el periodista Ernesto Villegas, en ese entonces ministro de Comunicación e Información, en especial cuando se comparaban con las aseveraciones y comentarios de personeros del alto gobierno (entre estos el propio presidente encargado), sobre el supuesto buen estado de salud y evolución del convalesciente mandatario.
El debate llegó a otro nivel en la segunda quincena del mes de febrero, cuando se reportó la sorpresiva llegada de Hugo Chávez a las instalaciones del Hospital Militar Rafael Arvelo, en horas de la madrugada y sin que ningún medio de comunicación, ni siquiera los del sistema público, registraran el acontecimiento. Sólo se informó que continuaría el tratamiento médico al que estaba siendo sometido en Venezuela, razón por la cual miles de sus seguidores se movilizaron hacia las puertas del centro asistencial.
De forma casi paralela, en febrero se produjo el aumento del valor oficial del dólar de 4,30 a 6,30 bolívares por unidad, ajuste que ha tenido un marcado impacto en la dinámica de la economía nacional con el alza de la cotización del dólar en los mercados alternativos. El mayor cuestionamiento fue la toma de tal decisión por parte de un gobierno que se mantenía sin la presencia de su principal líder.
Elección sorpresiva e inmediata
En la tarde del 5 de marzo se anunció la muerte del presidente Hugo Chávez, aunque oficialmente se ubica el deceso cerca de las cinco de la tarde, se ha especulado sobre la realidad de esta hora, siendo ubicado a las siete de la mañana del día del anuncio, mientras otros se han aventurado a asegurar que el hecho se produjo mucho antes.
Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanálisis, considera indiscutible que este sea uno de los años más activos en materia política, obviamente marcado en gran medida por la enfermedad y muerte del primer mandatario nacional, no solamente por su influencia en la opinión pública sino también para la puesta en marcha de un proceso electoral no contemplado de manera oficial en la planificación electoral, ya compleja de por sí debido a los varios procesos electorales convocados desde octubre de 2012.
La declaración de la ausencia absoluta de un mandatario electo activó finalmente los mecanismos necesarios para la continuidad del Poder Ejecutivo con la convocatoria a elecciones, que según el lapso establecido por la Carta Magna fue pautado para el domingo 14 de abril. La premura de los nuevos comicios limitó la configuración de las candidaturas de los principales bloques políticos del país en torno a Nicolás Maduro, como candidato para la continuación del chavismo en el poder, y nuevamente Henrique Capriles, como principal apuesta de la oposición. En corto tiempo de la campaña, limitado a una semana, provocó una de las confrontaciones más encarnizadas en materia política, con provocaciones y ataques desde cada uno de los bandos.
El directivo de Datanálisis expone que este proceso demostró la amplia división que aún caracteriza a los venezolanos, en particular con el cerrado resultado de apenas un punto porcentual de diferencia entre los principales candidatos.
La nueva confrontación tuvo su punto máximo luego de la realización de los comicios presidenciales, cuando el candidato de la unidad democrática rechazó los resultados de la contienda electoral y cuestionó la transparencia del Consejo Nacional Electoral. La solicitud de un reconteo de los votos, a través de una revisión completa de los registros de la jornada (que incluyera a los cuadernos de votación además de las actas y comprobantes de voto) desencadenó una serie de movilizaciones multitudinarias en varias ciudades que degeneraron en acciones de violencia, con un saldo oficial de nueve muertos y setenta y ocho heridos. Las responsabilidades en esta situación varían entre los líderes y seguidores de la oposición y el Gobierno nacional, quienes se culpan entre sí por los lamentables hechos.
Crisis de legitimidad
Por su parte, la abogada Delsa Solórzano, diputada al Parlamento Latinoamericano, resalta el cambio experimentado en el gobierno nacional, que si bien conserva gran parte de sus altos funcionarios, definitivamente no se trata del mismo gobierno que tuvo Venezuela durante quince años. Así, la ausencia de Hugo Chávez, sea para bien o para mal generó una conmoción en el pueblo venezolano, que sólo el tiempo y la historia podrá juzgar.
“El denominador común que tienen las elecciones presidenciales es la desconfianza de los resultados, y un proceso electoral con dudas genera un gobierno dudoso, al cual además de su legitimidad de origen, cuyo cuestionamiento hemos expuesto ante distintas instancias, ahora enfrenta una legitimidad de desempeño”, expresó.
La validación del nuevo presidente electo fue el punto controversial para el arranque del nuevo gobierno, por lo menos hasta la definición de la nueva fecha de las elecciones de alcaldes y concejales, pautada por el Consejo Nacional Electoral para el 8 de diciembre. Este proceso además de servir para la esperada definición de nuevas autoridades para los gobiernos municipales, sobre todo por el retraso en la celebración de los comicios (los alcaldes desde noviembre de 2012 y los concejales desde el año 2009); también constituía una oportunidad para demostrar la fortaleza de la nueva gestión chavista.
El último reto electoral
Fue inevitable que desde los bloques políticos se le diera un valor agregado a la elección. La alternativa democrática optó por tomarlo como un plebiscito a Maduro, en una suerte de medición popular de su gestión, mientras que el chavismo apostó por limitarse a los temas locales e inmediatos por parte de sus candidatos.
A pesar de que los resultados cuantitavos de la elección favorecen ampliamente la legitimidad del actual mandatario nacional -con 242 municipios para el chavismo, 75 para la oposición y el resto para otros partidos- Luis Vicente León destaca el giro de tuerca que en esta nueva etapa de gobierno se da a la radicalización política del país, con la convocatoria a alcaldes y concejales de la oposición a una reunión en el Palacio de Miraflores, como la aplicación de la técnica de calentamiento y enfriamiento del escenario político tal como lo acostumbraba el fallecido Hugo Chávez.
El especialista recomienda esperar a que se produzcan acciones valederas que realmente lleven a un cambio, ya que no necesariamente el discurso pueda convertirse en hecho porque todo ello está dado por la conveniencia que el gobierno vea en una pacificación o polarización extrema del país.
