El Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (Indepabis) completó ayer el procedimiento iniciado el pasado miércoles, que consistió en la inspección, fiscalización y la venta de los productos a “precios justos” de la importadora de repuestos Dorvica Motors, ubicada en la calle 51 con carrera 4 de la Zona Industrial I.
A mitad de semana, y respondiendo a una supuesta denuncia hecha por la Confederación Bolivariana de Transporte, funcionarios del Indepabis, conjuntamente al grupo multidisciplinario que actúa en las supervisiones a los establecimientos comerciales, acudieron a la importadora para constatar el supuesto delito de usura y especulación sobre las partes de vehículos que sirven como repuestos.
Luego de ese primer contacto, y tras determinar el presunto delito, autoridades pactaron acudir a dicho establecimiento en la mañana de ayer para ofrecer el inventario calculado a un dólar oficial. “Hemos determinado que el establecimiento está incurriendo en un 348% de usura sobre los motores usados que ofrece”, dijo Valentina Querales, presidenta del Indepabis en el estado Lara. “Le hemos rebajado un 60% en el precio lineal del producto”, comentó la ingeniera.
Según explica la funcionaria pública, los comerciantes de estos productos, compran los insumos usados en el exterior, específicamente en Estados Unidos, donde es vendido por kilo, “e inclusive le venden el motor con la caja de cambios, y aquí lo venden por separado”. Querales indicó que, con el precio del producto en el exterior, más el 35% de nacionalización y flete, más el 12% de impuesto al valor agregado (IVA), además del 15% en gastos administrativos, así como el 30% de la ganancia y el 12% de IVA al consumidor final, cada motor no debería superar los 9 mil bolívares (calculado a 6,3 bolívares por cada dólar), “sin embargo lo estaban vendiendo en 30 mil (bolívares)”.
Estas declaraciones, así como las acusaciones que catalogan a los comerciantes y propietarios de dichos establecimientos como “usureros”, fueron desmentidas por los propios dueños, quienes indicaron que tienen cómo demostrar que no han recibido dólares preferenciales por parte del Estado venezolano y sus importaciones se realizaron con el dólar que fluctúa libremente bajo la oferta y la demanda.
“Ellos saben que no recibimos estos dólares”, expresó Vicente Pérez, dueño del establecimiento. “Antes, un motor salía en 10 mil bolívares, pero como el gobierno perdió el control del precio del dólar, un motor cuesta 30 mil ó 35 mil bolívares”, explicó. Pérez indicó no rehusarse a las inspecciones para proteger al consumidor, siempre y cuando el Estado proporcione los dólares a precio oficial. “Si ellos me dicen que me garantizan los dólares a 6,3 bolívares, yo abro las puertas para vender todo lo que tengo aquí, de lo contrario me van hacer quebrar”, refiriéndose a un posible cierre.
De igual forma, Doris Ortegano, esposa de Pérez y presidenta de la Cámara de Importadores de Centroccidente, explicó que, debido al problema con las divisas, han sido estafados por varias personas que ofrecen el dólar no oficial, “pero quién se ocupa de eso, ¡aquí no hay ley!” Según Ortegano, el pasado miércoles, en la primera inspección se le mostraron las pruebas que explican el porqué de los precios elevados, y la falta de divisas por parte del comercio, “pero a ellos no le interesan que compramos dólares más caros, quieren que reconozcamos el dólar a 6,3 bolívares”, explicó.
Multa y reducción de precios
Además de la venta forzosa de todo el inventario que posee la importadora, los funcionarios del Indepabis, de manos de su presidenta, impusieron una multa de 500 unidades tributarias, un total de 530 mil bolívares) como medida en contra del presunto delito de usura. “Me están obligando a rematar la mercancía”, explica Doris Ortegano, sobre la venta de los repuestos 60% del coste actual. “Con lo que venda esos motores, me van a hacer pagar la multa”, prosiguió Ortegano, sobre la otra medida que los afecta, “además me dicen que no puedo traer mercancía si no es con dólar oficial. En enero tendré que decirles a los 20 empleados que empiecen a buscar trabajo”, indicó.
La responsable de Indepabis, Valentina Querales, explicó que las inspecciones se extenderán en todos los locales similares.
Extraoficialmente se conoció que personas apostadas a las afueras del local se molestaron porque agentes castrenses estarían acudiendo al lugar para comprar dichos motores. Además, personas dentro del establecimiento indicaron que funcionarios del Indepabis habrían “apartado” motores para algunos familiares”.
Oscar Pérez: “Tienen que ver la otra verdad”
Oscar Pérez, vicepresidente de la Cámara de Importadores de Centroccidente, explicó que los funcionarios del Indepabis, encargados de la fiscalización de los productos, deben dar a conocer la otra verdad, “donde no se consigue el dólar oficial”.
Pérez, propietario de un establecimiento con idéntica función comercial, explicó que se encontraban en el lugar con el derecho que les da la conformación de la cámara que los agrupa para defenderse, “queremos que se respete la ley, pero que también se respeten nuestros derechos”, explicó.
El representante de la cámara indicó que son más de 10 mil trabajadores que podrían resultar afectados si continuasen medidas similares a estas, “Si revientan a las empresas será peor. No pueden vulnerar los derechos porque nosotros también somos venezolanos y tenemos derecho al trabajo”.
Aunque se ventiló la idea de un paro nacional de las importadoras de no ser escuchados por el gobierno central, los representantes de la cámara no lo confirmaron.
