El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela advirtió una vez más a la ciudadanía acerca de las pretensiones del gobierno nacional de continuar responsabilizando a los medios de comunicación por diversas situaciones que vienen afectando a la colectividad, en este caso a raíz de la inseguridad.
Este pronunciamiento se genera tras la solicitud de la Fiscalía General de la República de prohibir, mediante una acción judicial presentada ante el Tribunal 11 de protección de niños, niñas y adolescentes, la publicación en el diario El Universal de “imágenes, informaciones y publicidad de cualquier tipo, con contenido de sangre, armas, mensajes de terror (…) que puedan alterar el bienestar psicológico de los niños”.
Ante esta solicitud , Tinedo Guía, presidente del CNP, señaló: “La Fiscalía tiene el deber de defender los derechos intangibles y difusos de los venezolanos, no burlarlos o violarlos de manera acomodaticia al servicio de un sector, esta institución se debe a la verdad, nunca a la mentira o a la interpretación caprichosa de algún funcionario”.
Guía cuestionó la forma como se viene amedrentando a los medios de comunicación para que oculten una realidad innegable como lo es la inseguridad y las altas cifras de homicidios en Venezuela, “prohibir la noticia no acaba con los asesinatos y la violencia desatada en el país”, sostuvo.
El representante gremial recordó que acciones similares han sido tomadas en contra de los diarios Tal Cual y El Nacional en el año 2010, sin que exista en este momento una política integral, honesta y decidida para atacar todas las aristas del problema de la inseguridad, entre ellas moderar el lenguaje agresivo que utilizan algunos actores políticos, lo cual hablaría bien de las intenciones serias para resolver esta situación.
Asimismo reiteró el compromiso que tienen los periodistas venezolanos con el bienestar de la nación , razón por la cual esta institución mantiene el llamado a respetar el Código de Ética del Periodista Venezolano, sin que ello suponga hacerse cómplice de la política del “secretismo” que pretende instaurar el alto gobierno en detrimento de un colectivo que tiene pleno derecho a estar informado, “medidas como estas pueden calificarse como una forma de censura y censura es sinónimo de dictadura”. concluyó Guía.
