El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) demandó al presidente de la República, Nicolás Maduro, por no contestar un petitorio interpuesto por la ONG en el que le solicitaron explicar las razones por las cuales Venezuela no ha ratificado el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-Pidesc).
En este sentido, los activistas de derechos humanos interpusieron un recurso contencioso administrativo de abstención o carencia contra el jefe de Estado, ante la Sala Político-Administrativa del máximo juzgado, por la vulneración de derechos constitucionales.
«Dicha omisión por parte del primer mandatario nacional, constituye una violación al mismo derecho de petición, al derecho de ser informados por la administración pública, y al derecho a la libertad de expresión y comunicación contenido en los artículos 51, 57, 58 y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela», denunció la organización civil.
Igualmente, la negación a explicar por qué el Estado no ha ratificado su adhesión al protocolo facultativo también atenta contra lo dispuesto en los propios convenios internacionales de DDHH y en la legislación interna, acotó Provea.
Específicamente, se viola el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el artículo 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Pacto de San José); el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y el artículo 2 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Competencias
El derecho de petición enviado por la ong al despacho de Maduro data del 4 de julio de 2013, un mes después de la entrada en vigencia del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PF-Pidesc).
«Provea realizó y agotó los pasos previstos en los artículos 51 y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sin que hasta la presente fecha, el Presidente de la República haya dado respuesta a la petición», recalcó la organización.
Por otro lado, la organización civil expresó su preocupación por el atraso en que permanece el país en relación con el resto de países de la región en cuanto a la protección de los derechos humanos.
«Venezuela continúa rezagada con respecto al resto de naciones que integran Mercosur y Unasur, quienes en su totalidad han ratificado el Protocolo Facultativo del Pidesc. Resulta contradictorio que luego de los esfuerzos realizados por el Estado venezolano para la aprobación del Pidesc, no se ratifique el Protocolo Facultativo que vendría a completar y consolidar la protección de los derechos humanos», advirtió la ong.
