La prensa nacional registró recientemente una frase de un alto dirigente del sector del comercio y los servicios, cuando dijo que ninguna economía funciona con un país lleno de controles, y la demostración más contundente de esta realidad, es que pese a los más rígidos controles que ha implementado el Ejecutivo, la inflación este año va en camino de cerrar por encima del 50%, mientras que se proyecta una inflación del 70% para el año 2014.
Uno de los sectores contra el cual se ha arremetido en forma feroz, tanto por la Sundecop, el Indepabis y el flamante Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía, ha sido el de los alimentos; sin embargo, de acuerdo con las cifras del propio Banco Central de Venezuela, entre octubre 2012/octubre 2013, el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas registró un aumento acumulado del 72,1, la más elevada de América Latina, donde el promedio entre todos los países fue inferior al 10%.
Sin embargo, las cifras en cuanto al alza de los alimentos entre el mes de noviembre 2012/noviembre 2013, del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-Fvm), son mucho más dramáticas, por cuanto estima que el aumento acumulado de los precio en ese período fue de 90,8%, equivalente a 3.404,81 bolívares, monto muy superior al valor del salario mínimo que se ubica en 2.973,00 bolívares.
Ante el rotundo fracaso del Ejecutivo para detener la aceleración de esta variable, el Banco Central de Venezuela aumentó el encaje bancario a 20,5%, toda vez que a través del gasto público desbordado, los niveles de liquidez se le escaparon de las manos, creciendo cerca de 70% en este año, lo que se ha convertido en un factor de estímulo para la inflación, ya que existe una enorme capacidad de compra, una demanda incontenible, ante una oferta menguada debido a que el aparato productivo no dispone de las divisas necesarias, las cuales se les recortaron este año en más de 45% y los inventarios de la mayoría de las industrias están en alrededor de un 15%, sin que exista la posibilidad real de reposición, por lo menos en el corto o mediano plazo.
En el alto Gobierno se ha venido explorando la posibilidad de obligar a las empresas, especialmente las que procesan los alimentos, a no dar vacaciones colectivas en diciembre como todos los años, sino trabajar en forma ininterrumpida para tratar de evitar que se profundice la escasez y el desabastecimiento, que en estos momentos está por encima del 26%; sin embargo, resulta imposible para las industrias mantener activas sus líneas de producción cuando no tienen insumos y materias primas, y de esto está consciente el Ejecutivo, por cuanto una vez concluidas las elecciones, cuando no hay que estar buscando votos, es muy poco lo que le preocupa al Presidente y a su equipo, si hay harina, papel o electrodomésticos en los negocios, ya que esto es clavo pasado.
Pero lo más preocupante es que el tan cacareado Plan de la Patria, que pretenden aplicarlo como Ley al país, cuando solo es un acuerdo aprobado por la AN, de acuerdo con los académicos del país, es un “plan de destrucción nacional”, a través del cual se pretende continuar profundizando todas las políticas económicas, políticas y sociales, que han colocado al país al borde del precipicio, con el agravante que se trata de un instrumento que tendrá un impacto en todos los sectores de la Nación, y no fue consultado con ninguno de los actores que hacen vida activa en el acontecer diario del país.
Persistirán en el error
Las cifras históricas ponen en evidencia que los controles de precios, solamente generan distorsiones en la economía, asimismo que la inflación solo se puede contener aumentando la producción nacional y, por consiguiente la oferta de bienes y servicios, lo cual parece que no termina de ser entendido por quienes toman las decisiones en el alto gobierno.
En efecto, desde diciembre de 2002 cuando el Ejecutivo estableció el control de precios, hasta junio de 2013, la inflación general en el país registra un incremento de 1.046%, mientras que la inflación acumulada de los alimentos para ese mismo período aumentó en 1.953%.
Ante estas realidades que evidencian que 21 rubros básicos presentan escasez por encima del 40%, con casos puntuales como aceite de maíz, escasez de 99,9%; leche completa líquida, 90,1%; leche completa en polvo, 87,7%; azúcar, 82,6%; harina de maíz precocida, 77,6%; harina de trigo, 77% y papel higiénico, 76,7%., no hay mucho que discutir.
Asimismo, persiste la escasez de insumos para la construcción como cemento, cabillas y arena y los canales informales registran sobreprecios en los rubros superiores al 50%, pero los “genios” del gobierno continúan en sus salas situacionales, explorando mecanismos para extender los controles a todos aquellos rubros de las cadenas de comercialización que aún no han sido afectados, lo que inmediatamente los sacará del mercado, por cuanto es imposible para las empresas continuar produciendo a pérdidas.
Todos los voceros de la dirigencia empresarial privada, han manifestado su disposición a mantener un diálogo con el Gobierno, conscientes que unilateralmente el Ejecutivo no podrá resolver los problemas de República, como tampoco lo podrán hacer únicamente el sector privado; sin embargo, ello implica respeto mutuo, establecimiento de unas normas mínimas de convivencia y colocar los intereses de Venezuela, por encima de los intereses políticos y particulares, si esto no se logra en un corto plazo, el país continuará precipitándose en “caída libre”.
