La dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática del estado Lara, instó a las autoridades que aún se mantienen en la Alcaldía y el Concejo Municipal de Iribarren a respetar a los nuevos responsables del patrimonio municipal y evitar medidas como la transferencia de instituciones y competencias al Gobierno nacional, como una medida de retaliación por el triunfo obtenido por Alfredo Ramos el pasado domingo.
Macario González, coordinador regional de la MUD, instó al establecimiento de responsabilidades penales, administrativas y civiles contra quienes desmantelen el patrimonio público municipal. Llamó a los alcaldes y concejales electos a defender lo que corresponde al municipio Iribarren, tanto en acciones judiciales como en manifestaciones de calle.
“Nada aboga en favor de la transferencia de las instituciones hacia un despacho nacional, menos basado en la confesión del concejal César Gavidia, quien señala que la decisión fue tomada en atención a la evolución política del municipio con la llegada del alcalde Alfredo Ramos”, expuso.
El hecho de que este pronunciamiento haga inferir sobre la posibilidad de que un triunfo del candidato del chavismo, el mayor general Luis Alfonso Bohórquez, pudiese haber influido en la decisión de no hacer el traspaso de instituciones como el Bosque Macuto y el Mundo de los Niños, lleva a González a considerar que la decisión tuvo un origen netamente revanchista y político.
Lamentó la situación del Mercado Mayorista de Barquisimeto (Mercabar), por cuanto ya se había establecido que el abastecimiento a través de esta institución era responsabilidad de los barquisimetanos, por tratarse de una estructura emblemática de la capital del estado Lara, con más de 400 establecimientos comerciales que distribuyen con eficacia para todo el país.
“En lugar de buscar la consolidación del mercado con nuevos proyectos, se tiene la amenaza de la centralización que busca sacar al municipio y afectar al presupuesto municipal en un ocho por ciento”.
No obstante, descartó una acción sobre Mercabar, por tratarse de una compañía anónima, en la cual el municipio Iribarren y la Gobernación de Lara son sus principales accionistas, y son estos los que deben decidir el futuro de la empresa, en lugar de un arrebato “al margen de la ley”.
