Con la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación aprobada en el año 2005, se inició una vinculación estrecha que permitió establecer o afianzar la interacción entre las empresas, la universidad y los investigadores con beneficios para ambos sectores, por cuanto produjo, durante cinco años, un impacto positivo en la gestión de innovación.
Esta afirmación se desprende de la investigación realizada por las profesoras Concetta Espósito de Díaz, Zahirá Moreno y Francys Yánez, docentes del Decanato de Administración y Contaduría de la UCLA, titulada “LOCTI, a ocho años de su implantación. ¿Aprendizaje para el actor académico?”, la cual se sustentó en las apreciaciones de los actores sobre los que recae la aplicación de esta normativa, especialmente desde la perspectiva de los investigadores de la UCLA y de las empresas registradas en el Consejo de Desarrollo Científico Humanístico y Tecnológico.
Esta investigación les permitió determinar que desde el año 2005, cuando se promulgó la LOCTI, hasta el año 2010 cuando se sometió a reforma, se produjo un impacto considerable tanto en el sector empresarial como en el universitario, especialmente porque se comenzó a transitar un camino que no se había recorrido en el país en materia de investigación, de una forma sistemática y efectiva.
En el caso de las universidades, esta etapa de aplicación de la LOCTI, impulsó el desarrollo de una estructura que les permitió responder a las exigencias y necesidades del sector empresarial, lo cual indica que se gestó, entre los académicos, un aprendizaje hacia una gestión tecnológica innovadora.
Una Ley: Dos fases
En principio se promovió la participación abierta para los tres actores involucrados: gobierno, empresas y universidades, a los que identifican con los sectores ciencia, tecnología e innovación.
En este primer momento las inversiones o aportes de las empresas se realizaban, según su decisión y de acuerdo a sus necesidades, en las arcas de los organismos de ciencia, tecnología e innovación y de las universidades para el desarrollo de proyectos previamente aprobados.
Explicaron que con la incorporación activa del sector industrial al financiamiento de las actividades de ciencia, tecnología e innovación, se conformó el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación: gobierno, empresas y universidades.
Entre las repercusiones que generó esta interrelación destacaron la obligación que debió asumir la universidad de alinear sus actividades de docencia e investigación al desarrollo económico de la región.
A juicio de las investigadoras, en esta etapa de aplicación de la Ley, quedó una clara evidencia del potencial de la LOCTI como un instrumento para promover en las empresas nacionales el deber de invertir en actividades de formación y fortalecimiento del talento humano dentro de sus organizaciones, con la intención de fomentar un mayor aprendizaje, asimilación y desarrollo tecnológico interno, con repercusiones directas en el país.
Por otra parte, el financiamiento a los proyectos de investigación formulados por los docentes universitarios, permitió hacerle frente a la escasa producción de conocimiento científico que se generaba en la Universidad, como consecuencia de la crisis presupuestaria y financiera que afecta a las máximas casas de estudios del país.
La segunda etapa, explicaron, se inició en el año 2010, cuando a partir de la modificación de la Ley, se estableció como único receptor de los aportes al Fondo Nacional de Ciencia Innovación y Tecnología, organismo que se encarga, además, de evaluar los proyectos presentados por los investigadores de las universidades y centros de investigación, y de seleccionar aquellos que recibirán financiamiento.
Con esta reforma a la Ley se rompe el triángulo en el cual el vértice de la Universidad representaba el potencial científico, cuya principal responsabilidad era la evaluación de la pertinencia de los proyectos que deberían ser financiados, por considerar que con ellos se atenderían los requerimientos de la región y del país.
Los protagonistas
Los actores involucrados en la aplicación de la Ley Orgánica de Ciencia Tecnología e Innovación, aportaron a las investigadoras sus criterios sobre la forma en que se ha desarrollado la labor científica a partir de su aprobación y reforma.
Los investigadores de las universidades expresaron que con la LOCTI se promovió un aprendizaje para los empresarios, especialmente, porque carecían de una política de innovación en su empresa. Asimismo, se dio un impulso importante para la consecución de recursos y la elaboración de una estructura universitaria que permitiera dar respuesta a los requerimientos de formación, solicitada por el sector productivo.
Por su parte los empresarios plantearon que esta normativa les permitió conocer la importancia de llevar registro de sus inversiones en ciencia y tecnología y considerar que sus innovaciones pudieran ser incluidas como inversión e innovación.
Aunado a ello, el sector empresarial puede contar con la capacidad humanística, científica y tecnológica instalada en las universidades, y les llevó a contribuir al desarrollo científico-tecnológico del país, mediante el aporte de recursos que dejaron de ser un impuesto más para convertirse en un impulso a la actividad de investigación.
El sector universitario, al evaluar los efectos de la LOCTI, aprecia que logró consolidar y sistematizar con sus investigadores las vinculaciones que había establecido a lo largo de su historia, y logró contar con presupuestos para proyectos de investigación e innovación científica y tecnológica y, de esta manera adelantar investigaciones en beneficio del empresario, donante de recursos, pero también de otros sectores de la sociedad.
Al Estado, la puesta en marcha de esta Ley le dio la posibilidad de conocer el potencial del sector académico y productivo de la nación y los recursos financieros que las universidades recibían, y creó una buena oportunidad para el diseño de políticas de investigación con miras a la solución de problemas, sin que tuviera que aportar, directamente, los recursos.
Tanto el sector universitario como empresarial, coinciden al calificar de negativa la reforma a la que fue sometida la LOCTI en el año 2010, por cuanto se desestima la importancia que posee la investigación en la misión institucional de la Universidad, la cual, a través del Consejo de Desarrollo Científico Humanístico y Tecnológico, tiene la función de estimular y fomentar la investigación, motivo por el cual, desde el año 2005, se le confió la evaluación de los proyectos y el manejo de los recursos para su ejecución, labor que llevó a cabo con pulcritud.
Por otra parte, al sector empresarial se le disminuyó la posibilidad de invertir los recursos que le corresponde aportar en los proyectos que le proporcionan beneficios para su crecimiento, entre ellos los programas de formación de su talento humano.
Líneas para la historia
Las profesoras Esposito, Moreno y Yánez, presentaron un recuento histórico sobre las acciones que se han puesto en marcha en Venezuela, con la finalidad de impulsar la investigación científica. Al respecto señalaron que las primeras acciones de promoción y apoyo a esta actividad se ubican en 1950 con la creación de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia (ASOVAC), la cual impulsa, en 1958 la creación de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela.
El año 1958 marcó un hito importante en el desarrollo de la investigación científica en Venezuela, por cuanto, tal como indican las investigadoras se inauguró el Instituto Venezolano de Investigación Neurocerebrales, IVNIC, actualmente Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IVIC, desde el que se han realizado importantes aportes al avance de las diferentes áreas del conocimiento.
La conformación de una plataforma de investigación, encuentra un momento importante en 1967, con la apertura del Concejo Nacional de Investigación Científica y Tecnología (CONICIT), organismo gubernamental planificador de la ciencia y la tecnología, que se encargó de incentivar su evolución en el país, a través de la conexión entre el sector público y el académico, en sus inicios, y posteriormente con el sector industrial.
La historia continuó en 1977, con la creación de la Unidad de Transferencia de Tecnología cuyo objetivo era fomentar el desarrollo tecnológico nacional, mediante la transferencia a la industria y a los usuarios en general de los resultados de las investigaciones tecnológicas de los centros de generación de tecnologías y, canalizar la demanda de la industria hacia las fuentes de la tecnología local.
Las investigadoras expresaron que la experiencia de esta Unidad permitió que se implantara, en 1982, la Dirección de Fomento Tecnológico y se diseñaron diversos mecanismos de financiamiento y vinculación entre el actor universitario y la industria; esta iniciativa se consolidó con la creación, en 1999, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, actualmente denominado Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, con el que se sustituyó CONICIT.
Aunado a esta acción se constituyó la Fundación Nacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación, cuyo objetivo es respaldar, desde el punto de vista financiero, la ejecución de los programas y proyectos del Ministerio para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias.