Cerca del 40 por ciento de las firmas que este año han comprado dólares a través del sistema de control cambiario de Venezuela son empresas fantasma, que han creado un esquema de fraude que le cuesta miles de millones de dólares al Gobierno, dijo el jefe de inteligencia del país.
Miguel Rodríguez aseguró que esas empresas y algunos funcionarios «cómplices», están en la mira del presidente Nicolás Maduro, que lanzó en noviembre una ofensiva contra lo que llama una «guerra económica» para desbancarlo.
«Con las informaciones que manejo, yo creo que las ‘empresas de maletín'(…) deben llegar a más del 40 por ciento», explicó el en una reciente entrevista con Reuters.
«Es una fuga masiva de dólares, es un desastre para la economía, indudablemente», agregó Rodríguez, quien también es ministro del Interior y de Justicia.
En Venezuela, las empresas que quieren importar insumos o productos deben adquirir los dólares a una tasa de 6,3 bolívares por dólar en un engorroso proceso que debe hacerse a través de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi).
Pero los controles cambiarios dieron paso a un mercado paralelo donde actualmente se compran dólares casi nueve veces por encima de la cifra fijada por el Gobierno venezolano, lo que especuladores aprovechan para hacer jugosas ganancias.
Rodríguez dijo que hasta ahora hay 115 investigaciones penales abiertas a empresas que ya fueron inspeccionadas. En esos procesos fueron imputadas 93 personas y 30 de ellas ya están detenidas.
«Vamos a hacer una investigación a fondo de todos esos empresarios que recibieron grandes cantidades de dólares, y que muchos lo que hicieron fue sacar los dólares y no traer nada, o solamente traer la mitad de los productos o sobrevalorarlos afuera», precisó.
«Eso desangró la capacidad financiera del Estado y le hizo un daño al generar esa especulación tan alta en todos los productos del país», agregó Rodríguez.
Muchos empresarios argumentan que los controles de cambio y precios están cortando el oxígeno de los industriales e importadores en un país que depende en gran medida de sus compras del exterior.
Y aseguran que las empresas que intentan comprar dólares de forma legítima en muchas ocasiones deben pagarle a funcionarios para que aceleren sus pedidos, por lo que a veces los dólares terminan costando el doble o triple de la tasa oficial.
Entramado cambiario
Cadivi liquidó el año pasado unos 31.145 millones de dólares, de los cuales fueron desviados entre 15.000 y 20.000 millones, según datos del Gobierno. Este año se ha autorizado el desembolso de unos 33.000 millones de dólares.
Hasta el momento no ha cambiado este mecanismo.
El socialista Maduro dice que el problema lo han ocasionado capitalistas «especuladores» que actúan en coordinación con políticos y partidarios de derecha en Estados Unidos. Pero su gobierno reconoció que funcionarios de Cadivi han recibido sobornos para autorizar la venta de dólares a empresarios que desviaron las divisas sin importar maquinaria o materia prima.
Y eso ha alimentado la escasez de productos que van desde autopartes y harina de trigo hasta el papel higiénico.
Ante ese panorama, Maduro designó recientemente una comisión para investigar los fraudes en Cadivi.
Rodríguez afirmó que como parte de esas investigaciones próximamente revelarán cómo dos empresarios venezolanos en el exterior grabados secretamente se jactan de las operaciones multimillonarias que realizan a través de Cadivi.
En una ofensiva para atenuar la inflación, el heredero político del fallecido ex presidente Hugo Chávez envió en noviembre efectivos militares y fiscalizadores a tiendas a lo largo y ancho del país, y ordenó recortar los precios en establecimientos que según las autoridades especulaban.
También, en un movimiento que recordó los múltiples enfrentamientos de Chávez con el sector privado, fijó límites a los costos de alquileres comerciales y anunció la regulación del valor de los autos con los poderes especiales que por un año le concedió la Asamblea Nacional de mayoría oficialista.
Estos pasos fueron catalogados de populistas y corto plazo por la oposición, que reclama medidas estructurales para apuntalar el débil crecimiento económico y domar una inflación anualizada del 54 por ciento.
Pero en las elecciones municipales del domingo el oficialismo y sus aliados obtuvieron un espaldarazo popular al ganar la mayor cantidad de votos y la mayor cantidad de alcaldías, aunque la oposición aseguró las ciudades más grandes.
