El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Diego García Sayán, expresó este lunes su confianza en que ningún otro país de América Latina siga los pasos de Venezuela, que se retiró de la Convención Americana de Derechos Humanos.
«No veo ninguna perspectiva de que algún país vaya a seguir los pasos de Venezuela», afirmó el jurista, al no descartar que en algún momento pueda darse «un proceso de reflexión» en Venezuela y el país retorne a la Convención.
«Es algo que más temprano que tarde tendrá que ocurrir», añadió en diálogo con la prensa extranjera en Lima.
Al entrar en vigor su retiro de la Convención en septiembre, Caracas dejó de reconocer la jurisdicción de la Corte IDH, con sede en San José.
«El retiro de un Estado no debilita a la Corte, que está sólida, sino le quita a los ciudadanos de ese Estado la posibilidad de utilizar esta herramienta que no reemplaza a los jueces nacionales sino que los complementa», puntualizó.
Sin embargo, refirió que el derecho internacional es claro y no permite que «se patee el tablero y todo regrese a fojas cero».
Aunque un Estado se retire, los hechos que puedan producirse tras esa decisión pueden llegar con posterioridad a la Corte, explicó.
Según el gobierno de Caracas, la Corte IDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los dos entes del sistema interamericano de defensa de los derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), siguen órdenes de Estados Unidos y son parciales en contra de los gobiernos progresistas de la región.
Pero García Sayán dijo que recientemente estuvo en Bolivia donde firmó un convenio de cooperación con el Tribunal Constitucional de ese país y que los casos referidos a Ecuador están «en pleno proceso de cumplimiento y ejecución».
«Con todos los demás países la Corte IDH tiene una relación fluida de trabajo», precisó.
Sobre el proyecto de la legalización de la marihuana en Uruguay, opinó que esa medida podría ir en contra de la Convención Internacional de Viena, que prohíbe el comercio y consumo de drogas.
Estimó que ello obliga a la necesidad de repensar las políticas sobre las drogas y obliga a un análisis «muy serio y objetivo» tras comprobarse el «fracaso de la guerra contra las drogas, como todo el mundo lo sabe»
