El gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro acordó el viernes extender por un año más la prohibición de despedir empleados que está vigente en el país desde hace 12 años, para evitar así el repunte del desempleo.
Maduro anunció su decisión de prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2014 la llamada inamovilidad laboral «cumpliendo la tradición del comandante (Hugo) Chávez de proteger a todos los trabajadores… del sector privado y público».
El gobierno mantiene desde mayo del 2001 un régimen de inamovilidad laboral para impedir el aumento de la tasa de desempleo que se ubicó en octubre de este año en 7,6% con 1,062 millones de persona sin trabajo. La fuerza laboral se estima en 12 millones 987.980 personas.
La inamovilidad ampara a todos los trabajadores independientemente del salario que tengan, pero excluye a las personas que ocupan cargos de confianza y los empleados temporales.
Al referirse a las quejas del sector privado, que sostiene que la imposibilidad de despedir afecta la productividad de las empresas si mantienen a empleados negligentes, Maduro destacó que «el hecho que protejamos la estabilidad laboral, no se puede interpretar que estamos promoviendo la ni flojera ni el desacato al trabajo, ni indisciplina laboral».
«Hago un llamado a todos los trabajadores… a la disciplina laboral, a la productividad… si es rechazable, repudiable que los capitalistas especulen, roben, exploten, saqueen a los trabajadores y al país, también es rechazable… la indisciplina y cualquier desviación… que lleve al atraso económico del país», acotó.
Maduro, acosado por una inflación de 54,3% acumulada en los últimos 12 meses, ha adoptado en semanas recientes nuevas regulaciones para combatir la que ha denominado la «guerra económica» que según él empresarios y adversarios políticos han desatado para generar malestar entre los venezolanos y causar desorden en las calles.
El mandatario comenzó a aplicar desde comienzos de noviembre inspecciones a comercios «para consolidar los precios justos contra la usura capitalista». Decenas de comercios han reducido sus precios hasta un 70% y ante el despliegue de las autoridades muchas cadenas han optado por aplicar descuentos voluntarios. El gobernante anunció que las inspecciones serán permanentes.
Maduro, en uso de los poderes especiales que le otorgó la Asamblea Nacional dominada por el oficialismo para emitir decretos con fuerza de ley por un año, promulgó recientemente varias normas que refuerzan los controles del gobierno sobre la agobiada economía venezolana.
Una de esas leyes se refiere al control de costos, ganancias y precios en la venta de todos los productos y la otra garantiza el control estatal de las importaciones, centralizado en un nuevo organismo, el Centro Nacional de Comercio Exterior, que dirigirá la política de administración de divisas, de importaciones y de estímulo de las exportaciones.
También aprobó un incremento de casi 4 puntos a la tasa de interés para las cuentas de ahorro, a 16%.
Como complemento, Maduro anunció también el viernes que se emitirán certificados de inversión de la banca pública, descritos como instrumentos «de renta fija para incentivar el ahorro de personas naturales, con una tasa de 15% a un plazo de 365 días, por hasta 1 millón (unos 158.000 dólares)», así como la emisión, por primera vez, de instrumentos de la deuda pública nacional «protegidos por la república» con un «atractivo interés de retorno de inversión que a veces oscila y se dispara hacia arriba, 12, 15 hasta 17%».
