Un recurso de amparo para que se obligue a la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) a publicar la lista de las empresas que recibieron adjudicación de dólares preferenciales durante 2012 y 2013, interpusieron los economistas José Guerra y Simón Calzadilla ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Argumentaron que dada la existencia de evidencias que apuntan a una sobrefacturación de importaciones que facilitó la evasión de unos 22 mil millones de dólares, es necesaria la transparencia para establecer responsabilidades.
«El ministro Jorge Giordani cuantificó la sobrefacturación del año pasado en unos 22 mil millones de dólares, cifra ratificada por la presidenta del Banco Central. Esto obviamente es un ilícito porque es una defraudación al fisco nacional, y en lo que va de 2013 existe la presunción de que también hay sobrefacturación», explicó el especialista.
Aunque este año no se ha ofrecido ni sola una cifra oficial sobre este particular, Guerra señala que el principal indicio que evidencia que se ha repetido el fiasco es el desabastecimiento del mercado, lo que sí ha confirmado el Banco Central de Venezuela.
«Las importaciones están en los mismos niveles del año pasado y el desabastecimiento es mayor. Eso significa que, o llegaron contenedores vacíos al país o los manifiestos de importación con los cuales entra la mercancía a Venezuela dicen una cosa y la carga declarada dice otra. Hay demasiados indicios».
Oscurantismo
Por otro lado, de acuerdo con el economista, la publicación de la lista no sólo permitiría identificar a las empresas de maletín a través de las cuales se cometió el fraude, y perseguir a quienes se beneficiaron, sino también discernir si los comercios que han sido allanados y ocupados en las últimas semanas por supuesta usura, realmente tuvieron acceso a divisas preferenciales.
«Porque si a un comerciante se le dieron dólares preferenciales y esta vendiendo la mercancía al cambio del mercado negro, obviamente comete una irregularidad, pero si éste nunca recibió divisas oficiales entonces no lo puedes obligar a vender a 6,30 porque lo estarías llevando a la quiebra», expresó.
«Hay un ocultamiento de la información contenida en esa lista famosa, que el mismo presidente de la República y Rafael Ramírez, como vicepresidente del area económica, anunciaron que iban a publicar y no lo hicieron. Nosotros nos preguntamos, ¿es secreto de Estado?», manifestó.
Cabe recordar, el cuadro con las empresas beneficiadas anualmente con divisas para importación venía publicándose cada año, como parte de la rendición de cuentas del órgano oficial. No obstante, esto dejó de ser así «misteriosamente» en 2012, cuando se detectaron las irregularidades.
Finalmente, el asesor de la MUD en materia económica hizo hincapié en que los principales afectados por los hechos de corrupción que parece ocultar el Ejecutivo con su secretismo, son los ciudadanos comunes, quienes deben enfrentar el desabastecimiento y la inflación.
«Aquí tiene que haber un responsable», resaltó Guerra.
