La Red de Instituciones Larenses (RIL) mediante un comunicado dirigido a este periódico expone su punto de vista sobre las políticas económicas implementadas por el Gobierno nacional, lo cual golpea al sector comercial e industrial, principal empleador en Venezuela.
La RIL, en representación de cámaras empresariales, gremios profesionales, organizaciones civiles, sindicatos e institutos educacionales, entre otros, indica que debido a la contracción que atraviesa la industria venezolana, es el sector comercio el que genera la mayor cantidad de puestos de trabajo, soporta la mayor carga fiscal por sus contribuciones al sector impositivo nacional.
Resalta que estas contribuciones corresponden a impuestos directos e indirectos como el IVA, impuesto sobre la renta, impuestos municipales, contribuciones laborales, seguro social, régimen prestacional de vivienda y hábitat, Inces, Ley Orgánica de Drogas, Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, Ley de Discapacidad, responsabilidad social y Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología.
Subraya el mensaje de la RIL que la peor de todas es la inflación, generada principalmente por las políticas erradas, más que por la especulación misma.
Indica que es en estas condiciones cuando el sector privado tiene que competir con los productos importados que excluyen de su estructura de costos todos los impuestos accesorios, más los directos como vivienda y laborales, entre otros.
La RIL afirma que el sector productivo está dispuesto a sufrir controles y sanciones si el Gobierno aplica la ley con su máximo rigor, siempre y cuando ello corresponda a un plan suficientemente conocido para evitar la aplicación de la ley, de forma arbitraria, con abusos de funcionarios encargados de su aplicación.
Le preocupa a este órgano institucional que motivado a los excesivos controles se haya incrementado la economía informal, que por el contrario, no es objeto de ningún tipo de controles, ni sanitarios ni fiscales, ni de protección al consumidor, afectando siempre a éste.
El Instituto Nacional de Estadística, a través de su presidencia, da muestra que el 43% de masa laboral se desempeña dentro del sector informal.
Precisa que los imponderables costos transaccionales como las comisiones y retardos burocráticos son responsabilidad del Gobierno y supuestamente constituyen impuestos indirectos.
El RIL puntualiza que la fiscalización en los diferentes comercios ha sido discrecional, ya que deja a criterio del funcionario el establecimiento o calificación de las conductas del ciudadano que pueden ser infractoras y en consecuencia sancionadas, lo cual lo ha convertido en un procedimiento confiscatorio y controlador más protector del orden económico.
Estima que las recientes medidas frenarán el crecimiento de la inversión y de la oferta, por lo tanto, no beneficiará al consumidor.
Además, rechaza la incongruencia del Gobierno nacional de meter presos a los comerciantes, si las cárceles están hacinadas, inclusive, para delincuentes de alta peligrosidad.
