En el marco del plan de fiscalizaciones ordenado por el presidente Nicolás Maduro, como parte de la ofensiva que adelanta el Órgano Superior para la Defensa de la Economía, el Ministerio del Trabajo iniciará hoy una jornada especial de ejecución de providencias de derechos fundamentales a diversos comercios del estado Lara, a fin de detectar y corregir irregularidades en materia laboral.
El coordinador para la Región Centroccidental de la referida cartera ministerial, mayor Nelson Pereira, indicó que las fiscalizaciones recientes se han efectuado siguiendo una guía contentiva de 41 aspectos, donde 30 de ellos corresponden a derechos fundamentales de los trabajadores.
“Cuando exista una violación de estos derechos fundamentales, que tienen que ver con el salario, el pago de guarderías, horas extra, utilidades, bono nocturno, entre otros, la entidad de trabajo está obligada a subsanar la situación en las siguientes 24 horas.
En caso de que el patrono oponga resistencia, el Ministerio del Trabajo tiene la potestad de ponerlo a la orden del Ministerio Público para que enfrente causas penales, de conformidad con lo establecido en el artículo 538 de la Ley Orgánica del Trabajo”, explicó.
El funcionario informó que en el estado Lara se han inspeccionado más de 100 entidades de trabajo, de las cuales 63 fueron objeto de providencias de derechos fundamentales, por incurrir en una o más de las causales tipificadas en la guía de fiscalización. “En total, estas acciones están destinadas a proteger a 2.682 trabajadores”.
“Cabe destacar que adelantamos estos operativos en acompañamiento a la ofensiva económica que despliega el Gobierno Bolivariano en todos los establecimientos comerciales, industriales, de servicios y manufactura, que nos hemos visto en la labor de fiscalizar por el tema de la especulación y la usura”.
“Nuestra ministra del Trabajo, María Cristina Iglesias, recibió un balance de nuestra participación en las acciones emprendidas por el Órgano Superior para la Defensa de la Economía”, aseveró.
Asimismo, indicó que han recibido denuncias de varios trabajadores, donde señalan que sus entidades de trabajo tienen programado cerrar las puertas una vez se agoten los inventarios. “En estos casos, aplicaríamos el artículo 539 de la Ley Orgánica del Trabajo, que contempla el arresto del patrono por cierre injustificado de la fuente de trabajo”.
“Quienes ya hayan sido inspeccionados y continúen presentando irregularidades, recibirán sanciones más contundentes. Mientras que aquellos que no han sido sancionados, los exhortamos a que hagan los ajustes pertinentes”, dijo.
