Durante la presente quinta República, el Gobierno anterior ejerció habilitado el 34,62% (54 meses) de su mandato y aprobó 215 leyes, muchas de ellas en el área económica y monetaria; hoy nuevamente solicitan poderes especiales (colocándose por encima de una evidente polarización) a efectos de profundizar desde Miraflores “la batalla a fondo por una nueva sociedad”. Tal señalamiento facilita inferir que a través de la Ley Habilitante solicitada se intentará propiciar una profunda reestructuración de la economía, de la sociedad y de la institucionalidad, para lo cual deberán ir más allá de la obvia formulación de objetivos hasta definir métodos y estrategias concretas para alcanzar la sociedad socialista que pretenden; estableciendo propósitos y lineamientos claros con alto grado de precisión, donde se enfatice sobre la obligación de generar nuevas instituciones acordes con esos objetivos socialistas; es decir, explicar cómo se emprenderá el proceso de reestructuración social y económica que implica al mismo tiempo inducir un nuevo tipo de institucionalidad que ha de tener como primordial objetivo una reorientación completa de la economía incluida la potencial socialización de los medios de producción (máquinas, herramientas, etc.). En función de ello, deben exponer con suma claridad las profundas y radicales transformaciones que esperan aplicar a las estructuras en su aspiración de hacer de Venezuela (sin estar previsto en la Constitución) una sociedad socialista en concordancia, suponemos, con la teoría marxista cuando señala que son las relaciones económicas las que determinan el ordenamiento social.
En una sociedad concebida como el resultado de la actividad productiva, se conforma la estructura económica donde se genera, por un lado, la producción social y por otro las relaciones de producción (los hombres entran en determinadas relaciones), las cuales armonizan en torno a un modo de producción (interrelación entre la fuerza de trabajo y los medios de producción) que perfila la relación inmediata entre el propietario de los medios de producción y el productor directo, o lo que es lo mismo, la relación entre el capitalista o el Estado y el trabajador.
Como bien puede observarse, llevar a cabo una profunda reestructuración de la economía, de la sociedad y de la institucionalidad es mucho más serio, difícil y profundo que simplemente instrumentar una descontextualizada aspiración socialista mostrada y canalizada por intermedio de una aislada política económica orientada sólo a asegurar la distribución masiva del ingreso a favor de los sectores populares en sintonía con la propiedad social de los medios de producción, mediante una política expansiva del gasto público para estimular la demanda propiciadora de un alarmante desequilibrio macroeconómico y una devastadora inflación. Tal orientación de “política económica” es diametralmente distinta (aún buscando el mismo objetivo de distribuir equitativamente el ingreso) a una política que pretenda, por ejemplo, reemplazar el modo de producción capitalista mediante un cambio relativo de las relaciones de propiedad y de producción en aras de transitar hacia una economía distinta, a la luz de un modelo económico (que explique el qué y el cómo), donde se respete la existencia del aparato estatal y la democracia alejándose de cualquier forma autoritaria de Gobierno.
@jagp611
Ley Habilitante: ¿hacia cuál modelo económico?
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