Los comerciantes, industriales y empresas de servicios en el estado Lara, son víctimas de multas y fiscalizaciones sesgadas por parte de las diferentes instituciones del Estado Venezolano.
La denuncia es realizada por el director regional de Consecomercio en el estado Lara, José Martínez, quien afirmó que algunos comerciantes que tienen toda su documentación en regla, han sido multados con cerca de 2 mil ó 3 mil unidades tributarias, lo cual hace sospechar que estas medidas pueden consistir en algún tipo de retaliación.
«Para un comerciante pagar este tipo de multas es sumamente complicado y atenta contra la continuidad de ese negocio. Lamentablemente son muchas las condiciones que estamos sufriendo los comerciantes de Lara, por multas o por decisiones administrativas que generan la disminución de los precios de los diferentes artículos, pero no sabemos con cuál criterio», precisó.
Expresó su preocupación ya que califica las medidas como un ataque sistemático para los comerciantes, olvidando el Gobierno que la inversión privada es fundamental para el desarrollo del país.
«Los comerciantes generamos gran parte del aparato productivo nacional y generamos el empleo para un muy importante número de personas, pero si el Gobierno nacional obliga a vender los inventarios a un precio muy por debajo de su costo original, será muy complicado que estos comerciantes repongan sus inventarios», advirtió.
El también directivo de la Cámara de Comercio de Lara, al ser consultado sobre el Registro Nacional de Comercios, Pequeñas y Medianas Empresas, comentó que los asesores jurídicos le han recomendado tener mucha cautela porque la «directriz» no tiene asidero legal.
«Están llamando a la pequeña y mediana empresa a informar sobre sus negocios pero no sabemos con qué fin. Piden además que informemos sobre nuestros proveedores y la pregunta capciosa es para qué. ¿Cuál es el fin de ese nueva base datos cuando ya existe un registro?», se preguntó.
En este sentido, indicó que no quieren alarmar a los pequeños y medianos empresarios, ya que no existe un marco jurídico que obligue a la inscripción en ese registro «y sólo debemos esperar conocer cuál es el trasfondo de llenar este sistema».
Con respecto al destino del sector comercial en los primeros meses del 2014, Martínez afirmó que son optimistas y confían que la situación mejore, siempre y cuando se realice un viraje a las políticas económicas.
