Las decisiones para legislar en materia económica que ha tomado hasta ahora el presidente Nicolás Maduro, en el marco de la recién aprobada Ley Habilitante, constituyen para la dirigencia regional del partido Avanzada Progresista (AP) la consolidación de un Estado autoritario y militarista, en el cual sólo faltaría la violación de los derechos individuales, colectivos, económicos y sociales de la ciudadanía.
Freddy Pérez, vocero del Comité Ejecutivo del partido opositor, advirtió que el nuevo instrumento significa la entrada a una nueva etapa, cuyo costo social y político será sentido en los próximos años, por cuanto detrás de la aplicación del instrumento se hallaría un “golpe de Estado constitucional”,
El dirigente asegura que directamente en la Gaceta Oficial se puede leer dos apartados, en los cuales se rescata la “doctrina de la Seguridad Nacional”, aplicada en América latina durante entre 1960 y 1980, por los cuerpos de feroces dictaduras del continente que se tradujeron en miles de muertes.
“A través de estas leyes constitucionales, el Gobierno pretende dictar normas que sancionen las acciones que atenten contra la seguridad y defensa de la nación, las instituciones del Estado, los poderes públicos y la prestación de servicios públicos indispensables para el desarrollo y la calidad de vida del pueblo. Esto es copiado prácticamente por las leyes que hicieron los dictadores del cono sur, inventando un enemigo interno y desde allí, partiendo de esa ley se pretende restringir y limitar toda manifestación que la ciudadanía pueda hacer para luchar contra el alto costo de la vida, inseguridad”, subrayó Pérez.
De igual forma, otro apartado de la Gaceta (el literal E, artículo 1), establece el combate al financiamiento ilegal de los partidos políticos, cuando es “una acción que ni siquiera el fallecido presidente Hugo Chávez se atrevió a ejecutar, cuando mucho quitó el apoyo económico del CNE”.
Con todo esto, indicó, se pretende poner contra la pared a las organizaciones democráticas y perseguir a quienes creen en los partidos como soporte de la democracia.
Por último, AP calificó la habilitante como una “ley fascista” que no dará respuesta a las necesidades de abastecimiento de alimentos, incremento de la productividad nacional de bienes, empleo y lucha contra la corrupción. “En plena recta final de la campaña electoral, lo que se persigue es meterle miedo a la población para que no vote. En el caso de Lara este pueblo no se arrodilla y el Gobierno cree que metiéndole miedo a la gente se va a quebrar la posibilidad y la voluntad política que tiene el pueblo de expresarse el 8 de diciembre”, puntualizó Pérez.
