Los privados de libertad se mantendrían en huelga de hambre y exigen el traslado de los exfuncionarios policiales
Este viernes familiares de los privados de libertad que se encuentran en la sede de la Comandancia General de la Policía de Lara, manifestaron su descontento ante la decisión de las autoridades de no permitir el ingreso de agua, caramelos, azúcar y papelón, al interior de los calabozos, donde los internos se mantienen en huelga de hambre luego del sangriento enfrentamiento producido en la tarde de este jueves, en el cual dos reos fueron asesinados.
La confrontación con los exfuncionarios policiales que permanecen detenidos en la Comandancia, denominados “polipresos”, se mantiene y crece con la denuncia de los familiares sobre los privilegios que estos exoficiales tendrían puertas adentro, donde simplemente son tratados como si fueran “policías aún uniformados” con libertades de actuación dentro del recinto, incluso con la posibilidad de tener armas.
“Desde adentro se burlan de nosotras y nos dicen palabras obscenas para que nos alteremos y rompamos el orden”, expresó una de las damas apostadas en la entrada al área de los calabozos, quien prefirió resguardar su identidad para proteger a su familiar detenido.
Asimismo, las mujeres señalaron que durante la violencia desatada en los pabellones cinco y dos de los calabozos, los “polipresos” supuestamente habrían intentado incendiar el pabellón cinco, con todos los enseres de los privados de libertad, rociando gasolina en el lugar.
La exigencia de los familiares y detenidos es el traslado de los exfuncionarios, pero dejando a los dos “varones” (hermanos evangélicos que mantienen el orden dentro de un penal), para asegurar la tranquilidad.
Según el libro de novedades del Hospital Central Antonio María Pineda, en la madrugada de este viernes fueron ingresados en emergencias los reos Johan Gómez, de 21 años de edad, y Danni Colmenárez (30), quienes presentaron varias heridas por arma blanca.
Fiscal designada
La fiscal cuarta del estado Lara, Yaritza Berríos, fue designada por el Ministerio Público para la investigación de los hechos que derivaron en la muerte de los internos Miguel Rojas Núñez, de 31 años de edad, y Adelquis Montero (35), además de dejar heridos a catorce privados de libertad.
La funcionaria se encarga de coordinar las actuaciones y diligencias realizadas por los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con el objetivo de establecer responsabilidades penales en este lamentable hecho, según informó el Ministerio Público en su portal web oficial.
