Los poderes especiales que la Asamblea Nacional otorgó al presidente de la República, Nicolás Maduro, son simplemente para culpar a otros sectores de la severa crisis económica que atraviesa el país, la cual se profundizará en los próximos días.
Dicho pronunciamiento fue realizado por la Mesa de la Unidad Democrática, a través de un comunicado de prensa, en el cual advierten que el futuro de los venezolanos será «oscuro», si se mantienen este tipo de medidas radicales que viene impulsando el Gobierno.
«Rechazamos categóricamente la alteración del orden constitucional y democrático que ha llevado a cabo el Gobierno nacional al forzar, mediante toda clase de artimañas contrarias a principios jurídicos fundamentales y a la ética propia de un sistema republicano, la sanción de una ley habilitante manifiestamente violatoria de la Constitución», sentencian.
Indican que la excusa del Ejecutivo para solicitar la Habilitante fue la lucha contra la corrupción, sin embargo, ya los objetivos son otros, tal como lo ha mencionado en reiteradas oportunidades el primer mandatario nacional.
«Queremos advertir que la verdadera intención de la solicitud de una Ley Habilitante ha sido la de hacer creer que el gobierno de Nicolás Maduro no es el principal responsable de los problemas económicos y sociales. Igualmente, quiere mayores poderes para acentuar la persecución política y criminalizar las fuentes constitucionalmente lícitas de financiamiento para la oposición», afirma la MUD.
La crisis de un modelo económico
«Lejos de la Ley Habilitante, las medidas y acciones que el Gobierno ha tomado en materia económica, dejan intactas las causas de la crisis, las cuales tiene que ver con el fracaso del modelo económico aplicado», señalan.
Afirman que como expresión de ese fracaso, sobresale una profunda crisis fiscal reflejada en un déficit de la gestión financiera del gobierno, que según cálculos conservadores alcanza a 14,0% del PIB en 2013.
«Ese elevado desajuste presupuestario se ha financiado, principalmente, mediante la impresión de dinero sin respaldo por parte del BCV, lo que ha exacerbado la inflación, agotado las reservas internacionales y disparado el tipo de cambio paralelo, hasta conformar un potencial cuadro que compromete la capacidad de pago de Venezuela. Similarmente, la política fiscal se ha traducido en una acumulación de deuda pública que está cuestionando la solvencia del Estado y disminuyendo relativamente los recursos destinados al gasto social, los cuales se sacrifican para cancelar la deuda que contrae el gobierno», explican.
Por otra parte, la misiva señala que la inflación no disminuye por decreto.
«Forzar una rebaja generalizada de precios por decreto sin afectar las causas fiscales y monetarias que provocaron la inflación, tales como la devaluación del bolívar y la impresión de dinero sin respaldo por parte del BCV, podría llevar a Venezuela a una situación de mayor escasez».
Advierten que la reposición de esos inventarios requerirá un incremento sustancial de las importaciones.
«Igualmente, se corre el riesgo de que aumente el desempleo, como resultado del allanamiento, ocupación y cierre de establecimientos comerciales. Conviene precisar que el mayor generador de empleo en Venezuela es el sector comercial, justamente el más golpeado por la arbitrariedad del gobierno», apuntan.
