La crisis de la industria cementera causa preocupación entre las empresas constructoras del país, pues la caída de la producción y el deterioro de las plantas procesadoras ha generado consecuencias muy graves en la economía, perjudicando la edificación de viviendas y el desarrollo de proyectos en toda Venezuela.
Este martes, representantes de la Cámara de la Construcción y de la Cámara Inmobiliaria del estado Lara acudieron a la sede de EL IMPULSO para emitir un alerta a las autoridades, ante la paralización de la industria cementera.
Francisco Mendoza, Héctor Adalfio, Enrique García, Omar Montero y César Cordido, fueron recibidos por el director de esta casa editorial, arquitecto Juan Manuel Carmona, quien también se sumó a la iniciativa del gremio constructor.
En primer lugar, el presidente de la organización, Francisco Mendoza, recordó que la nacionalización de las empresas cementeras inició en el año 2008 con el objeto de facilitar el acceso de los insumos de construcción al pueblo con precios más accesibles. “Fue así cuando se impuso una regulación a precios irrisorios. El Ejecutivo nacional fijó el saco de cemento en 22 bolívares aproximadamente”.
La distorsión del mercado ha disparado los precios de este rubro, elevando su costo a 250 bolívares por saco. “Tras la nacionalización, en Cemex se eliminaron todos los canales regulares de comercialización por falta de diálogo, de gerencia y mantenimiento a las plantas”, indicó Omar Montero, expresidente de la Cámara.
El sector privado, agregó, está arrinconado por la escasez de cemento. Las empresas premezcladoras tienen que traerlo de otro estado para cumplir con sus compromisos.
Cambio de estrategia
Enrique García recordó que la industria cementera estaba en manos de tres transnacionales: una mexicana, otra francesa y una suiza. “A estas empresas se les canceló la indemnización por la expropiación. ¿Por qué no usaron ese dinero para hacer una nueva planta?”, cuestionó.
La estrategia de comercialización en la antigua Cemex tenía por orden de prioridades a los ferreteros, en segundo lugar a las plantas de premezclado y bloqueras y, finalmente, a los constructores privados, quienes tenían acceso a un cupo para comprar directamente en la fábrica.
«Esta compra directa no se daba sólo por el tema de los precios, sino como una forma de obtener el cemento de manera expedita”.
Luego de la nacionalización cambió el orden de prioridades, pues la producción se dirigió principalmente a las obras del Estado. Progresivamente se le quitó el cupo a los constructores y no se les ofrecieron productos a las empresas ferreteras. En cambio, los consejos comunales obtuvieron mayor participación. “El problema ha sido la falta de contraloría, pues muchos consejos comunales se llevan cargamentos de cemento, no ejecutan las obras y revenden el producto”, comentó el arquitecto Juan Manuel Carmona.
De acuerdo con datos manejados por los constructores, en Venezuela se está importando cemento desde Cuba y Jamaica. “Es posible que se esté trayendo a granel y se armen los sacos en el país”.
Otra preocupación de los constructores es el estado de deterioro en Planta Barquisimeto. “La industria del cemento es altamente contaminante. Preocupa que los trabajadores no cuenten con uniformes, cascos y equipos. También nos preguntamos en qué estado se encuentran los filtros en la planta, pues en el pasado la Alcaldía estaba muy pendiente de su mantenimiento”, indicó García.
A propósito de las medidas de fiscalización que inició el Gobierno nacional, los constructores solicitan que se aclare quién distribuye el cemento en el país. “¿Por qué no nos dicen quiénes son los comercializadores de cemento? Alguien tiene que aclarar dónde está el cemento que se produce y a cuál precio lo venden”. En este sentido, solicitaron un diálogo franco con los directivos de la industria cementera y del acero, en aras de revertir la grave crisis que golpea al sector. “Era común que las empresas constructoras de otros estados vinieran a construir en Lara. Hoy, buen número de organizaciones cerraron sus puertas”.
Esta realidad ha incrementado los índices de desempleo en 70% en la región larense.
