En una maratónica jornada en el estado Zulia, en la que recorrió todos los municipios de la Costa Oriental del Lago, el líder de la unidad nacional, Henrique Capriles, llegó la noche de este martes a Los Puertos de Altagracia, municipio Miranda, desde donde catalogó como una contradicción que teniendo Venezuela una de las reservas de petróleo más importantes del planeta, el pueblo tenga que hacer colas para comprar papel higiénico.
“Hoy creen que porque les dieron poderes especiales van a venir por nosotros. Todas esas amenazas me tienen sin cuidado. No me cansaré de decirlo en cada rincón que Maduro es una pava. Ese no sirve y cuando las cosas no sirven hay que cambiarlas”.
Insistió en que la Ley Habilitante que fue aprobada por la bancada oficialista de la Asamblea Nacional, no resolverá ninguno de los problemas de los venezolanos. Dijo que con esa ley lo que buscan es distraer al pueblo. “Esa Habilitante es una ley corrupta en su origen y será corrupta en su desarrollo. Los venezolanos tenemos que derrotar la corrupción el 8 de diciembre”.
Ley incoherente
Oscar Vallés, analista político y profesor de la Universidad Metropolitana en Caracas, dijo en diálogo telefónico que “la ley es muy incoherente en términos estructurales’’.
“Uno siempre trata de buscarle alguna estructura racional a la ley’’, añadió Vallés, pero “sin perder de vista lo que tiene de fondo: su estrategia económica que es la consolidación en el poder’’ de Maduro.
Innecesaria
Blanca Rosa Mármol, ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, dijo que la ley de poderes especiales era innecesaria porque “lo que el presidente quiera la Asamblea lo aprueba’’ y que la única explicación que ha encontrado para que el mandatario solicitara tales facultades es que Maduro “quiere llegar por una camino más rápido a las reformas’’ como mayores controles de precios, de la propiedad privada y fomentar la acción de las “comunas’’ o asociaciones de habitantes de una zona.
Decisiones efectistas
Luis Vicente León, directivo de la firma encuestadora venezolana Datanálisis, comentó que Maduro podría usar la ley habilitante para tomar decisiones “efectistas’’ que le permitan “distraer la atención de los venezolanos de los graves problemas que más preocupan’’.
“Al menos en el corto plazo, no creo que el gobierno utilice estos poderes para tomar las decisiones económicas que se requieren’’, aseveró León.
León no descartó que Maduro también use la ley para “inhabilitar adversarios políticos incómodos y ampliar la intervención de algunos sectores económicos’’.
Amplios poderes
El documento aprobado consta de cuatro artículos. El artículo 1° expresa: “Se autoriza al Presidente de la República para que en consejo de ministros dicte decretos con rango, valor y fuerza de ley, de acuerdo con las directrices, propósito y marco de las materias que se delegan en esta ley”.
El primer ámbito es la lucha contra la corrupción.
Podrá, dictar o reformar normas e instrumentos destinados a fortalecer los valores esenciales del ejercicio de la función pública, luchar contra la legitimación de capitales, establecer mecanismos estratégicos de lucha contra aquellas potencias extranjeras que pretendan destruir la patria en lo económico, político y mediático, combatir el financiamiento ilegal de los partidos políticos, establecer normas que eviten y sancionen la fuga de divisas y emitir disposiciones en defensa de la moneda nacional a fin de contrarrestar el ataque a la misma.
Regular solicitudes de divisas
Por otro lado, en el segundo ámbito de habilitación, que han denominado “La defensa de la Economía”, el presidente de la República podrá dictar o reformar leyes que consolidan los principios de justicia social, eficiencia, equidad, productividad, solidaridad y normas que establezcan los lineamientos y estrategias para la planificación, articulación, organización y coordinación de los procedimientos especialmente en materia de producción, importación, distribución y comercialización de los alimentos.
También fortalecer la lucha contra el acaparamiento y la especulación, regular lo concerniente a las solicitudes de divisas a objeto evitar el uso contrario para el fin solicitado y garantizar el derecho del pueblo a tener bienes y servicios seguros, de calidad y a precios justos.
