Tras los anuncios de Nicolás Maduro sobre un conjunto de medidas y posteriormente la decisión de ocupar comercios y ordenar una rebaja compulsiva de precios, es claro que la crisis económica que padece Venezuela se va a agravar, y quien debería encabezar medidas importantes para enfrentar el oscuro panorama económico que se cierne sobre el país, se preocupa más por solicitar una Ley Habilitante y así pretender esconder con ella los problemas que afronta en la actualidad, y enfrentará a mediano plazo la economía venezolana, la Mesa de la Unidad Democrática presenta al país su posición:
Rechazamos categóricamente la alteración del orden constitucional y democrático que ha llevado a cabo el gobierno nacional al forzar, mediante toda clase de artimañas contrarias a principios jurídicos fundamentales y a la ética propia de un sistema republicano, la sanción de una ley habilitante manifiestamente violatoria de la Constitución.
En el discurso oficial original esa ley estaría supuestamente dirigida a luchar contra la corrupción, lo cual era insostenible, dada la existencia de un proyecto de ley de reforma a la Ley contra la Corrupción que ya había sido aprobado en la Asamblea Nacional con el apoyo de todos los grupos políticos pero que no pudo ser sancionada a causa de una maniobra aplicada por Diputados del oficialismo. Ante la pretensión del actual gobierno de conseguir a toda costa una ley habilitante, la bancada de la Unidad ha expresado al país su voluntad de retomar aquel proyecto de ley, a fin de preservar el ámbito de actuación de la Asamblea Nacional y de evitar la inconstitucional promulgación de decretos-leyes en materia penal.
Queremos advertir que la verdadera intención de la solicitud de una ley habilitante ha sido la de hacer creer que el gobierno de Nicolás Maduro no es el principal responsable de los problemas económicos y sociales que sufren los venezolanos, al buscar nuevamente chivos expiatorios a los cuales culpabilizar de los errores del gobierno. Igualmente, el Ejecutivo Nacional quiere mayores poderes para acentuar la persecución política y criminalizar las fuentes constitucionalmente lícitas de financiamiento para la oposición. En realidad, el gobierno quiere desviar la atención de la grave crisis económica que padece Venezuela.
La crisis de un modelo económico
Lejos de la Ley Habilitante, las medidas y acciones que el gobierno ha tomado en materia económica, dejan intactas las causas de la crisis, las cuales tiene que ver con el fracaso del modelo económico aplicado, cuyo contenido más evidente es la tendencia a la estatización de la economía, con su carga de corrupción e ineficiencia.
Como expresión de ese fracaso, sobresale una profunda crisis fiscal reflejada en un déficit de la gestión financiera del gobierno, que según cálculos conservadores alcanza a 14,0% del PIB en 2013.
Ese elevado desajuste presupuestario se ha financiado, principalmente, mediante la impresión de dinero sin respaldo por parte del BCV, lo que ha exacerbado la inflación, agotado las reservas internacionales y disparado el tipo de cambio paralelo, hasta conformar un potencial cuadro que compromete la capacidad de pago de Venezuela.
Similarmente, la política fiscal se ha traducido en una acumulación de deuda pública que está cuestionando la solvencia del Estado y disminuyendo relativamente los recursos destinados al gasto social, los cuales se sacrifican para cancelar la deuda que contrae el gobierno.
La aceleración de la inflación
Las cifras del BCV no dejan lugar a dudas sobre la tendencia que registra la inflación y la escasez. Así, el alza de precios mostró en octubre de 2013 un salto hasta 55,4% en términos anuales, muy superior al 19,5% registrado en el año 2012.
Con la elevada inflación convive el desabastecimiento, el cual se situó en octubre de este año en 22,4%, su mayor nivel valor de los últimos tres años, según se observa seguidamente.
No por coincidencia, la exacerbación de la escasez coincide con la aplicación de la Ley de Costos y Precios Justos a partir de julio de 2011, mediante la cual se disminuyeron un conjunto de precios que en promedio alcanzó 30,0% sin que ello contribuyera a bajar las tensiones inflacionarias. Todo lo contrario, con la entrada en vigencia de esa ley aumentó la inflación y la escasez.
Caída pronunciada de las reservas internacionales
Uno de los elementos de mayor significación y peligrosidad de la crisis económica que sufre Venezuela es el referido a la pérdida de reservas del BCV y al agotamiento de sus reservas líquidas. Venezuela está perdiendo el crédito internacional porque hay un gobierno maula que incumple sus compromisos. Las reservas líquidas del BCV han caído hasta el límite de lo mínimo admisible para un país del tamaño de Venezuela al totalizar a mediados de noviembre de 2013 la irrisoria cifra de US$. 1.200 millones, menos de quince días de importaciones. Con reservas menguadas, la brecha entre el dólar oficial y el paralelo se ha ensanchado hasta alcanzar 950,0%, cifra que es claramente insostenible.
Ocupación de empresas y escasez
La inflación no disminuye por decreto sino con políticas económicas sensatas, bien estructuradas y consensuadas entre los actores económicos. Forzar una rebaja generalizada de precios por decreto sin afectar las causas fiscales y monetarias que provocaron la inflación, tales como la devaluación del bolívar y la impresión de dinero sin respaldo por parte del BCV, podría llevar a Venezuela a una situación de mayor escasez, al disminuir los inventarios, en momentos en que las reservas internacionales están cayendo y la capacidad de importar se ha restringido debido a la deuda con proveedores externos.
La reposición de esos inventarios requerirá un incremento sustancial de las importaciones debido a que los mismos son importados en su totalidad y a corto plazo no hay posibilidades de elaborarlos en Venezuela. Igualmente, se corre el riesgo de que aumente el desempleo, como resultado del allanamiento, ocupación y cierre de establecimientos comerciales. Conviene precisar que el mayor generador de empleo en Venezuela es el sector comercial, justamente el más golpeado por la arbitrariedad del gobierno.
Tenemos propuestas para sacar a Venezuela de la crisis
Venezuela no está para más ensayos fallidos, ni que se siga ocultando tras una cortina de una Ley Habilitante para combatir la corrupción, cuando son las acciones económicas del gobierno nacional las que ayudan a incentivarla.
La agudización de la crisis exige orientaciones claras y medidas integrales que ataquen las causas de la crisis que hoy sufre el país. La Mesa de la Unidad Democrática, con base en su propuesta de país, ha planteado que la solución a la crisis económica que padece Venezuela pasa por alcanzar un consenso sobre lineamientos concretos que permitan superar las dificultades económicas y enrumbar al país por una senda de crecimiento, progreso e inclusión social.
Para ello, la Unidad ha planteado al país propuestas sustentadas en el respeto a la ley y a los derechos de propiedad de la gente que trabaja y está dispuesta a aportar al desarrollo de Venezuela, sin lo cual nadie, desde el pequeño emprendedor hasta el empresario, estará dispuesto a invertir un céntimo.
Venezuela requiere una de política económica que cumpla un doble rol. Por una parte, que ayude a estabilizar la economía y que permita disminuir la inflación sin lo cual ningún programa de mediano plazo tendría sentido y por la otra sostener el crecimiento y la diversificación de la economía.
