El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está a un paso de recibir el martes facultades para gobernar por decreto sin control parlamentario, lo que le permitirá imponer un “nuevo orden económico” para conjurar la alta inflación y escasez.
Maduro sólo necesita que la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, apruebe en segunda discusión la Ley Habilitante, con la que podrá dictar leyes a través de decretos en temas como mayor control en importaciones, regulación de márgenes de comercialización o corrupción.
Con estos “superpoderes” Maduro advirtió que “no lo parará nadie” y servirán para establecer el “nuevo orden económico interno”, en medio de una crisis económica reflejada con una inflación anualizada del 54% y una escasez puntual de productos de la cesta básica.
El pedido de los poderes coincide con el inicio de la campaña para las elecciones municipales del 8 de diciembre, que son consideradas por analistas como un examen a la gestión de Maduro y una prueba de popularidad del oficialismo a ocho meses de la muerte de la carismática figura de su líder, el fallecido Hugo Chávez.
Una vez aprobada la ley, el chavismo prevé una marcha por el centro de Caracas para entregarla a Maduro, quien deberá hacer “sus primeros anuncios” sobre las leyes, anunció el diputado oficialista Jhonny Bracho.
Primera ley: límites a las ganancias
“La primera ley habilitante que vamos a sacar es la ley de límites a las ganancias. Es nuestra ley de costos, precios, ganancias y salarios”, anticipó el viernes el presidente Maduro en conferencia de prensa.
Esa norma esta definida en documentos oficiales distribuidos a la prensa como el “marco regulatorio que va a blindar el nuevo orden económico interno de transición al socialismo”.
Pero el jefe de Estado rechazó que se esté en camino hacia una colectivización de la economía. “La Constitución garantiza las más amplias libertades de actividad económica, no de especulación (…) Nuestro modelo socialista incluye la libertad económica en diversas actividades”, dijo.
Esta ofensiva, en el marco de los que Maduro denomina como una “guerra económica”, ya generó el rechazo entre gremios empresariales y comerciales, que advierten la agudización de productos y menor inversión en la ya golpeada economía del cuarto productor mundial de petróleo.
“Vamos a tener un primer trimestre en 2014 bastante malo en inventarios de productos, en escasez y en inflación”, aseguró el presidente de la patronal Fedecámaras, Jorge Roig.
Oposición teme persecución
En el plano político, voceros de la oposición aseguran que los “superpoderes” podrían servir como mecanismo de “persecución política” contra disidentes del gobierno y han comenzado acciones para denunciarlo.
“Nos vamos a amparar en los recursos que nos permitan las leyes para impedir persecuciones políticas por parte de Maduro y sus principales actores del Gobierno”, advirtió la diputada opositora Dinorah Figuera.
Entretanto la mañana de este lunes media docena de militantes universitarias del partido Voluntad Popular se encadenaron frente al edificio de la Asamblea Nacional en protesta contra el proyecto de otorgar los poderes especiales y fueron desalojadas por la policía.
La petición de Maduro superó su primera prueba el jueves cuando fue aprobada en primera lectura por 99 votos, el mínimo número exigido por las leyes, cifra alcanzada luego de que la mayoría oficialista logró la remoción de la diputada opositora María Mercedes Aranguren por supuestos cargos de corrupción y su reemplazo por su suplente, Carlos Flores, que votó a favor.
Esta será la quinta Ley Habilitante que tiene el chavismo en 14 años en el poder de Venezuela, país en el cual todos los presidentes de los últimos 40 años han gozado de estos poderes especiales.
El líder de la oposición Henrique Capriles, quien perdió ante Maduro con menos del 2% de los votos en las presidenciales de abril, aseguró que los poderes especiales “no servirán para nada (…) Ellos lo controlan todo y no resuelven nada. Ellos solo quieren más poder”.
