No sólo quienes están interesados en adquirir artículos de la llamada línea blanca se han movilizado masivamente en el estado Lara para adquirirlos con precios rebajados.
Eso ha quedado demostrado con las aglomeraciones de personas en las inmediaciones de establecimientos dedicados al comercio de otras líneas.
Un ejemplo está a simple vista en la avenida Venezuela, entre 21 y 22, donde operan negocios dedicados a la venta de motocicletas.
“Nosotros llevamos cuatro días esperando abran estas tiendas con los precios de las motos rebajados para comprar, pero hasta ahora no ha llegado nadie de Indepabis para fijarlos”, dijo Gerardo León, uno de los participantes en la “vigilia motorizada” que allí llevan a cabo.
Se trata de hombres, pero también mujeres, que pasan días y noches a la espera de que abran las tiendas Empire keeway, Moto Montañez y Moto Sorondo, cuyas puertas han permanecido cerradas por completo esta semana.
De manera extraoficial se conoció que los directivos de esas empresas, interesados en actuar apegados a las normas legales, han optado por suspender las ventas hasta tanto desde Indepabis les autoricen las mismas en función de las regulaciones a ser determinadas.
“Aquí vamos a seguir hasta que nos llevemos las máquinas con nuevos precios, rebajados”, dijo uno de los motorizados que permanecía, como lo hacían otros, en hamacas colgadas de los árboles existentes en la acera.
Hasta el mediodía aún los negocios continuaban cerrados mientras crecía el grupo de jóvenes en espera.
Cidralara no teme a inspecciones
La Cámara de importadores y distribuidores de repuestos automotrices del estado Lara (Cidralara) no tiene problema alguno en que sean fiscalizados los establecimientos afiliados en relación a los precios de las mercancías que expenden, declaró su secretario ejecutivo, Alí Almao.
Informó que directivos de Canidra, la organización matriz de los importadores y distribuidores automotrices sostuvieron ya una reunión con el ministro de Transporte Terrestre para analizar la situación
Aclaró que el problema no son los precios sino las trabas burocráticas que impiden la llegada al país de las partes necesarias de importaciones, que constituyen un 80 por ciento de lo que necesitan los automotores.
Almao enfatizó que para la cámara no hay problemas en revisar los precios pues los afiliados actúan de acuerdo a la ley, pero si hay alguno que falte a la misma debe asumir su responsabilidad.
Aconsejó denunciar en la cámara o en los organismos correspondientes cualquier especulación que pueda ocurrir.
Pero aclaró que en oportunidades el comprador acude a un negocio y pide una pieza pero regresa al día siguiente a comprarla y se encuentra con un precio superior al que le dieron originalmente y eso se debe a que se trata de una marca diferente a la del día anterioir.
Dijo que en Venezuela existen unas 700 marcas de vehículos, de allí las dificultades de los importadores para satisfacer la demanda de piezas.
Vaticinó para enero fallas en algunos tipos de partes, como las computadoras de autos nuevos, debido a las trabas para las importaciones y las dificultades para la adquisición de las divisas necesarias para comprar en el exterior.
