A solo un día del inicio oficial de la campaña electoral para los comicios electorales del 8D, elecciones municipales, la ONG Súmate hace un llamado al Consejo Nacional Electoral para que impida que funcionarios públicos utilicen sus cargos, bienes y recursos del Estado a favor de su preferencia política y en contra de las demás opciones.
Del mismo modo, Súmate les recuerda a los medios de comunicación social del Estado y privados, que su obligación es dar cobertura informativa en forma completa y sin sesgo al despliegue de los candidatos y las organizaciones políticas, según lo establece el artículo 81 de la Ley de Procesos Electorales y el 213 del Reglamento General de la LOPRE.
Por otro lado, la invitación es a todos los ciudadanos a realizar contraloría de la campaña, derecho establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 62.
Transmisión de cadenas y alocuciones del Gobierno
Súmate lamenta que el ente electoral “haya perdido otra oportunidad para regular la transmisión de las cadenas y transmisiones especiales del Gobierno Nacional”, así como la promoción y gestión de los distintos tipos de gobierno nacional, estadales y municipales, durante el período del proceso electoral y que se debió acentuar durante el período oficial de la campaña, que inicia este sábado 16 de noviembre a las 6 de la mañana y que culminará a las 12:00am del jueves 05 de diciembre.
Medios del Estado y candidatos del PSUV
Esta ONG señala que el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información (SIBCI), se ha convertido en un instrumento de propaganda gubernamental con propósito electoral, con el fin de influir en la decisión y voluntad de los electores, en los cuales solo se han transmitido inauguraciones de obras públicas en el ámbito nacional, estadal y municipal por parte de algunos candidatos del PSUV
Asimismo, Súmate señala que desde el 5 de agosto, que comenzó el proceso de postulaciones y hasta la fecha, estos medios han transmitidos actos oficiales con participación de candidatos a alcaldes del PSUV, violentando así los artículos 21.1 y 145 de la Constitución; 75, 76 y 79 de la LOPRE, 13 y 68 de la Ley Contra la Corrupción, y 221, 222 y 223 del Reglamento General de la LOPRE, que regulan la intervención de los organismos y funcionarios públicos en la campaña electoral y prohíben que la propaganda y actos del Estado tengan contenidos y símbolos publicitarios o propagandísticos de naturaleza electoral.
Ley de Telecomunicaciones
Otra de las observaciones de esta organización es el abuso que los medios del Estado han cometido, destinando los 190 minutos gratuitos que establece la Ley de Telecomunicaciones con propósitos electorales y no destinarse a su verdadero fin que es la transmisión de mensajes culturales, educativos, informativos, preventivos de servicio público.
