No por casualidad, más bien por causalidad, el día de manifestaciones de autoconvocados de la sociedad civil para protestar contra ilegitimidad gubernamental y la carencia de productos básicos para la alimentación, el (in) Maduro se cerciora de la existencia del Instituto de la Defensa de Personas en Acceso a Bienes y Servicios (Indepabis), para atacar la especulación de electrodomésticos. Presente está el empañamiento político.
Evidencia el propósito de distraer el rechazo a su gestión revelado por últimas encuestas, las cuales indican que 7 de cada 10 ciudadanos evalúan negativamente la situación. Sobre todo expresa temor a la derrota en próximas elecciones municipales.
Según consulta Datanálisis, entre quienes evalúan positivamente la situación solo 0,9% considera que es «muy buena»; 8,9% indica que es «buena» y 16,9% se inclina por definirla como «regular hacia buena». Resalta la medición que el 57,1% de los mismos oficialistas creen que dicha situación es negativa.
Las protestas se han hecho sentir a siete meses del desgobierno pro dictadura cubana que nos legaron. Informe del Observatorio de Conflictividad Social del primer semestre de 2013, registra 1.687 protestas. La tarifada justicia abre procesos a unos 3 mil ciudadanos.
Con la empresa de electrodomésticos Daka, cuyos dueños de amplio historial oficialista están en Panamá, con nuevas tiendas, el régimen inició imposición del caos. Invocan sucesos de 1989, conocidos como El Caracazo.
A inmensas filas de abastos en búsqueda de leche, aceite, harina precocida, azúcar, papel higiénico, entre los de escasez, antepone la de ciudadanos con recursos (sin que falten saboteadores y vende puesto en colas) que prefieren comprar neveras, lavadoras, licuadoras televisores, computadoras. Para ello pernoctan a puertas de tiendas y son organizados con números que Guardia Nacional les marca en antebrazo. En vísperas de intervención militar, comenzaron a circular listas en las cuales miles de personas, muchos movilizados en costosas camionetas, lograron anotarse para comprar, todavía sin cobrar aguinaldos. Indudablemente, predominan los negocios: adquirir barato para revender.
Quienes viven de salario mínimo, no tienen para comprar siquiera un televisor por Bs 45 mil.
La oficialista Fedeindustrias pide prisión para dueños de tiendas por el sobreprecio que ahora argumentan.
¿Por qué no actuó antes Indepabis?
Lo hacen en campaña electoral con abuso de cadenas de radio y tv para promocionarse. Por añadidura se ahorran reparto de electrodomésticos a cambio de votos.
Al autobusero, tal le llamaba el eterno comandante, se le revertió la medida. Sucedió lo que el turista ministro Andrés Izarra, el de la perversa risa ante cifras de muertes, atribuye a la derecha: le salió el tiro por la culata. Creen que disminuirá la inflación que padecemos. Peor: se denuncia la corrupción por vinculación oficial en determinadas tiendas. Y mientras la inseguridad cobra vidas, el régimen militarista nos declara en estado general de guerra.
Al margen: En su peculiar enredo, Maduro habló de buscar una aguja en el panal en vez de un pajar.
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Con voz propia – En estado de guerra
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