Por su presunta responsabilidad en las acciones de saqueo que se han registrado en distintos comercios del territorio nacional, los diputados a la Asamblea Nacional, Aberlardo Díaz, Homero Ruiz y William Dávila interpusieron una demanda contra el presidente de la República, Nicolás Maduro.
Aseguraron que al instar a la población a «dejar los anaqueles vacíos», entre otras expresiones públicas, el jefe de Estado incurrió en los delitos de instigación a delinquir, instigación al odio e instigación al saqueo, contemplados en los artículos 283, 285 y 293 del Código Penal, respectivamente.
«El país lo vio; fue público, notorio y comunicacional que el señor utilizó la siguiente expresión: «Que no quede nada en los anaqueles; que no quede nada en los almacenes». El presidente podrá ser muy presidente pero no tiene patente de corso para delinquir en este país», manifestó Díaz tras consignar un escrito ante la Fiscalía General de la República.
Recordó el denunciante que luego de pronunciar tales palabras se produjo la intervención de la tienda Daka en la ciudad de Valencia, donde la aglomeración de personas ansiosas por adquirir televisores y equipos de sonido conllevó a la ocurrencia de saqueos, lo que quedó registrado en videos difundidos ampliamente a través de las redes sociales.
«LLamar al pueblo a saquear no es una medida económica, es un delito y tiene que ser perseguido y sancionado por las instituciones venezolanas», resaltó Díaz.
En función de los hechos denunciados, los parlamentarios del bloque de la Unidad por el estado Táchira aseguraron que lo único que se impone es que la titular del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz, acuda al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar el antejuicio de mérito del primer mandatario nacional. Pero admiten que es una aspiración poco factible considerando «la militancia política» de la funcionaria.
Estrategia electoral
El diputado William Dávila no tiene ninguna duda en que los llamados del Gobierno a acudir masivamente a las tiendas luego de obligar a los comerciantes a rebajar sus productos, es una estrategia electoral.Conforme a esta tesis, denunció que la violencia en las colas «son acciones inducidas por gente afecta al PSUV».
Consideró que el Ministerio Público también debería investigar las ramificaciones internas que determinaron que las empresas que han especulado con los precios recibieran dólares a tasa oficial.
