El Tribunal Supremo de Justicia dispuso de 53 tribunales de Control para atender exclusivamente los casos relacionados con supuestos delitos económicos que se presenten en todo el territorio nacional, así como las 24 Cortes de Apelaciones con presencia en cada entidad.
Así lo dio a conocer este martes la presidenta del máximo juzgado, Gladys Gutiérrez, quien señaló que esta medida es el «aporte del Poder Judicial a la lucha contra la guerra económica» que adelanta el Ejecutivo nacional desde el viernes pasado.
«El Poder Judicial se coloca así al lado del Poder Popular y del movimiento Cívico Militar, que en todo el país están actuando para contrarrestar esta arremetida», expresa un comunicado que transmite palabras de la magistrada.
«Esto en referencia a los sectores que vienen practicando la especulación y el acaparamiento en contra del pueblo venezolano, acción que está siendo enfrentada de forma determinante por el Ejecutivo venezolano y demás poderes del Estado», agrega.
En relación con la medida, la información oficial precisa que los tribunales exclusivos comenzarán su labor de inmediato, en el conocimiento de imputaciones vinculadas con delitos económicos, especulación, acaparamiento, usura, boicot, alteración fraudulenta de precios, alteración fraudulenta de oferta y demanda, contrabando de extracción, saqueos y otros delitos conexos previstos en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.
Subraya el comunicado que estos despachos tienen la obligación de actuar «ante cualquier acto con forma, clase o manifestación que origine, aliente, genere o permita tendencias a la comisión de ilícitos económicos, dirigidos a desestabilizar el normal desenvolvimiento de nuestro Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, y que pretendan amenazar la paz y la seguridad pública».
En relación con la distribución, Gutiérrez indicó que en el Área Metropolitana de Caracas funcionarán 4 tribunales y una sala de Corte de Apelaciones, 4 en el estado Zulia, y 3 en Carabobo. Mientras que los estados Aragua, Anzoátegui, Bolívar y Táchira contarán con 2 cada uno, y en el resto del país uno por estado con su respectiva sala de Corte de Apelaciones.
Finalmente, la resolución del máximo tribunal ordena a los presidentes de todos los circuitos judiciales penales del país y jueces rectores «disponer lo conducente a fin de que se efectúe la recepción y distribución de todo documento, causa o expediente que se reciba para la oportuna tramitación en esta materia».
