El tema lo pone sobre la mesa, conmucho coraje y escandalizada, la Iglesia católica argentina, de la que hace parte hasta ayer Papa Francisco. Denuncia el avance del narcotráfico. Los periódicos se ocupan del asunto, destacan la gravedad de la acusación, e interpelan al poder político.
Buenos Aires, hasta hace poco libre de criminalidad ostensible, comienza a sufrir los estragos de ese cáncer que tanto han defendido algunos mandatarios del eje Socialista. “Evo me manda pasta de coca. Se las recomiendo… no es cocaína”, afirma Hugo Chávez ante la Asamblea Nacional nuestra, al leer su mensaje de 2008.
Ese año sicarios asesinan en un centro comercial de la Provincia de Buenos Aires a miembros de cárteles del narcotráfico colombiano. No transcurren treinta días cuandoasimismoson ejecutados tres empresarios vinculados al tráfico de la efedrina y la “mafia de los medicamentos”. Una investigación parlamentaria que se expide al término de 2009 y coordina la diputado Lilia Carrió, afirma que se trata de “un capítulo más en la historia de los aportes destinados a solventar la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner”.
La cuestión, a todas estas, es que en Venezuela no se habla del asunto ni sobre su gravedad institucional. Es como si el narcotráfico fuese algo extraño. Tanto que en las tantas salas situacionales de la política, donde se elaboran hipótesis sobre el porvenir inmediato del país, no cuenta esta variable que condiciona, vertebralmente, a nuestra realidad total. ¿Acaso ha penetrado en todos los intersticios, a un punto que hablar de dicho“crimen de lesa humanidad” es bagatela?
La cultura de la muerte y la corrupción que la precede y es su consecuencia nos traga hasta un punto en que unos muertos más o menos son indiferentes. Su publicidad, sin embargo, ha sido convenientemente prohibidapor los “jueces de la revolución”. Mas lo cierto es que entre 1999 y 2013 dimos un salto en escalera, pasamos de 4.500 a 20.000 homicidios promedio cada año, como si nada…; sin advertir que ello ocurre durante los tres lustros de mayor drenaje de dineros oficiales hacia los sectores más afectados por la actividad criminal indicada. De modo que, esas muertes no son hijas de la pobreza. Son “ajustes de cuentas” dentro del establecimiento gerencial y operativo del narcotráfico internacional en que se ha transformado Venezuela.
No olvidemos que el honorable Comandante Jesús Urdaneta Hernández – uno de los jefes del 4F – renuncia a la dirección de los Servicios de Inteligencia (DISIP) y se separa de su compañero Chávez una vez como constata que, a través del Capitán Ramón Rodríguez Chacín, actual gobernador del Estado Guárico,pacta una “macro-vacuna” con las FARC en agosto de 1999. Es el mismo Chávez quien, en 2011, salva al narcotraficante WalidMakled de las garras de la DEA. Lo trae a Caracas apoyado por el presidente Santos de Colombia, una vez como este “empresario boliburgués” declara tener en su nómina a generales y ministros venezolanos. ¿O es que acaso pasamos por alto la confesióndel Coronel Eladio Aponte Aponte, cabeza de nuestra Justicia Penal a lo largo de ese tiempo, en cuanto a que ordena liberar narcotraficantes
por órdenes presidenciales?
En 1959, Rómulo Betancourt no contaba con piso social orgánico a fin de gobernar, salvo su legitimidad popular y el respaldo de unos partidos que apenas vuelven desde la clandestinidad. Tuvo el tino de nombrar como su Secretario a Ramón J. Velásquez, quien le solventa los desencuentros del pasado y aproxima a los factores de poder realy moral capaces de asegurar la gobernabilidad y darle viabilidad al gobierno en cierne: La Iglesia, los empresarios, la prensa, los sindicatos,se comprometen a respaldar a la democracia. Y las Fuerzas Armadas se ocupan de la lucha contra la guerrilla, cesando en sus ambiciones de control histórico sobre el país. Pero ese pacto dura 40 años, antes de ser sustituido por otro pacto con la narcoguerrilla y el gobierno de Cuba, que al caso es lo mismo.
En medio de la anomia profunda que hoy nos afecta a los venezolanos, a falta de instituciones sociales pues sus miembros han sido confiscados, exilados, o expuestos al odio público,me pregunto ¿con quién se pactará la estabilidad futura? ¿Quién tiene o puede garantizar el poder efectivo que facilite la paz y reduzca la violencia que nos atrapa, siendo que hasta una parte del mundo castrense ha sido penetrado por la “criminalidad del siglo XXI”? ¿Acaso tendremos que mudarnos a La Habana, como lo hizo Santos, para negociar nuestra gobernabilidad con quienes todavía anegan de sangre al continente yahora se refugian en el territorio austral, perturbando la nostalgia de sus tangos y el aliento vivificante de sus librerías?
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