La revisión de los casos de corrupción ocurridos en los últimos años, compilados en el libro Estado delincuente, publicado en julio, y la repercusión que han tenido en la vida nacional, llevan a Carlos Tablante, exgobernador del estado Aragua y corredactor de la Constitución de 1999, a asegurar que en nuestro país el Estado de Derecho ha sido sustituido por la corrupción que junto a la impunidad, se han ido adueñando del país.
El apoyo de sectores de “pseudoempresarios” -conocidos como “boliburgueses” y “bolichicos”- que son el resultado de una mezcla de diferencias ideológicas con el único objetivo de convertir la renta petrolera del país en un botín, administrado de acuerdo a sus intereses por la vía de la corrupción para privatizar lo que es de todos, también ha incidido en el auge de la ilegalidad como norma entre los venezolanos.
“Este proyecto político se ha convertido en un capitalismo de casino, donde ese poquito de gente juega con los intereses de todo un país, se han ido adueñando del Partido Socialista Unido de Venezuela para convertirlo en una fachada, en un espejismo a través de cual ofrecen una supuesta hegemonía de la revolución, la cual se ha ido convirtiendo en una hegemonía de la corrupción”.
– ¿Cuál es la diferencia entre un “Estado irresponsable” y un “Estado delincuente”?
– El Poder Judicial, por ejemplo, tiene a 80% de los jueces como provisionales, 15% son titulares y el resto están a la espera de ser destituidos; en algunos actos estos se han declarado como “milicianos de la revolución”, pero en realidad lo son de la corrupción. Es un poder altamente corrompido que no es capaz de frenar la corrupción y más bien se ha convertido en un promotor de la delincuencia. El 92% de los delitos que se producen en el país quedan impunes. Eso significa que los delitos contra el derecho a la vida, que el año pasado llegaron a 21.600 homicidios en todo el país con una tendencia a la alta para este año, quedan impunes junto a otros delitos como el secuestro y el sicariato.
Igual ocurre en el sistema financiero donde con el diferencial cambiario se ha creado una estructura de negocios ilícitos propios de la delincuencia organizada, donde todos los días creativos piensan cómo ponerle la mano a la renta petrolera y ponerla en sus bolsillos, evitando que lleguen a políticas públicas de beneficio para todos los venezolanos. Cuando un Estado no es capaz de ser garante de lo que está planteado en la Constitución, un estado derecho social y de justicia, y para relacionarse con él hay que asumir el riesgo de mezclar lo legal con lo ilegal al hacer incluso la gestión más sencilla, se está en presencia de un Estado delincuente.
Tenemos casos como el de Alejandro Andrade, quien estuvo al frente de la Oficina Nacional del Tesoro durante cinco años, fue presidente de Banfoandes y Bandes y miembro del círculo íntimo del fallecido presidente, pero ahora se ha convertido junto a Rafael Isea (exgobernador de Aragua), en un personaje que exhibe una riqueza que no puede justificar. De manera grotesca, el señor Andrade fue la caja no chica sino grande para un conjunto de empresarios que formaron parte de su entorno, quienes ahora son compradores de compañías de seguros, medios de comunicación y hasta bancos, pero sin arriesgar un bolívar de su propiedad.
– ¿Puede la lucha anticorrupción, que como bandera enarbola el Gobierno nacional, funcionar como una “válvula de escape” a todo el descontrol que se tiene con el tema de corrupción?
– Es la evidencia de que no exageramos cuando decimos que este es un Estado delincuente, porque ellos mismos lo reconocen y, como dicen los abogados: A confesión de parte relevo de pruebas. Si ellos han sido los administradores exclusivos de los recursos del Estado, los cuentadantes exclusivos, han tenido el control de los Poderes Públicos como nunca antes en la historia del país, el control de las finanzas públicas para gastar hasta quince veces más la plata necesaria para reconstruir a Europa después de la segunda guerra mundial ¿Cuáles son las cuentas que le quedan al país? ¿Cuál es la responsabilidad política que ellos asumen? Cuando el señor Maduro dice que hay “cadivismo”, derroche, ineficiencia y corrupción, hace una acusación a sí mismo y a su gobierno. Una autocrítica donde reconoce que ellos son los culpables de la crisis.
“Economía de los vivos”
– Pero la corrupción no es nueva, ya venía teniéndose como mal gubernamental desde antes de la llegada de Chávez al poder ¿Simplemente se dio continuación a esa degradación social?
– La corrupción tiene que ver con la esencia del ser humano, la codicia, por eso no planteamos que sea acabada del todo, porque siempre, lamentablemente, va a existir. Lo que queremos es que sea minimizada, que no exista impunidad de 92%, que no sea un fenómeno generalizado como lo que cada día constatamos en diversos hechos y como la reconoce el Gobierno al pedir poderes especiales a la Asamblea Nacional para enfrentarla porque sabe que se ha salido de control
¿Cómo un Gobierno que inició con un mensaje y un discurso contra la corrupción se ha convertido en el más corrupto del país? Eso es un drama que ha creado en las bases populares que apoyan al actual proceso una fuente de rabia y molestia, debido a la crisis generada por la actividad delictiva y las fallas en la administración de los recursos del país, donde el socialismo del siglo XXI se ha convertido en un capitalismo donde unos cuantos vivos se aprovechan de las riquezas de todos.
– ¿Entonces nunca se gestionó como tal la política del “socialismo del siglo XXI”?
– Eso no existe, sino que es un recurso retórico de algunos voceros del PSUV, quienes por cierto no han vuelto a hablar de ello. Todo lo que es el proceso de consolidación del Estado comunal ha sido sustituido por ese capitalismo, donde unos cuantos vivos privatizan todo y cuando tienen pérdidas simplemente “socializan las deudas”.
Hay un colapso en el sistema eléctrico que puede estallar en cualquier momento y la culpa de todo eso la tiene la corrupción, porque si se han invertido 40 mil millones de dólares para satisfacer las necesidades del país ¿Dónde está esa plata y los equipos que se han comprado? Hay equipos con sobreprecio hay investigaciones planteadas en la Fiscalía General que están paralizadas, y todo ello beneficia a un grupo que ha vivido de los apagones.
Rebelión electoral
– Cuando es el Estado que dispone de los recursos a su antojo, ¿cómo hacen frente quienes no están de acuerdo con sus políticas?
– Al final del libro, Marcos Tarre y yo hacemos una reflexión y planteamos un conjunto de salidas. En primer lugar, está el cambio al actual modelo económico, que se imponga a través de la rebelión de los votos.
El próximo 8 de diciembre todos los ciudadanos de este país, que padecemos a diario por los problemas, que queremos ponerle un freno a la crisis, tenemos que salir a castigar con nuestro voto a los responsables de todas estas decisiones equivocadas y del sostenimiento de este modelo que ha sido favorable a la delincuencia organizada y la impunidad. Una votación masiva que envíe el mensaje contundente de que la población quiere cambio.
Después tenemos una hoja de ruta, prevista en la Constitución para evitar que caigamos en una situación de mayor caos, de un terremoto social de mayores complicaciones, hace falta la política, el diálogo, la construcción de redes de combate a la corrupción, ya sea en todos los municipios del país para asegurar la transparencia.
Una buena oportunidad puede ser la Ley de Gobierno Electrónico, que acaba de ser aprobada por la Asamblea Nacional, pero por un lado el Gobierno dice querer que haya claridad e información, y por el otro crea un organismo que depende de la Presidencia de la República para mantener el secretismo. Transparencia y acceso a la información son la garantía de solución al problema.
Casos que deben ser investigados
Según su coautor, el principal objetivo de Estado delincuente es quitarle la careta tanto a los empresarios “boliburgueses”, como a los funcionarios públicos que les sirven como “cómplices necesarios” en sus oscuras transacciones, así como exigir al Gobierno nacional la apertura de una investigación exhaustiva a todos estos personajes, ahí están los nombres.
Entre los casos más recientes, Carlos Tablante recuerda el de la teniente Claudia Díaz, quien se desempeñó como subtesorera de la ONT y fue incluso enfermera del expresidente Hugo Chávez. Ella, junto a su esposo el capitán Adrián Velásquez, alias “Capitán Guarapiche”, tendrían riquezas que sobrepasan lo que han podido lograr en su desempeño profesional, incluyendo un avión que puede viajar de Caracas a Moscú sin hacer escalas.
“¿De dónde sacaron la plata para eso? Ella (Díaz) le pedía al ministro de Economía, Jorge Giordani, el dinero para pagar los intereses de la deuda externa y éste a su vez se lo pedía al entonces presidente de Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, y en esa gestión se obtenían 200 millones de dólares, pero apenas utilizaba 100 millones para el pago y el resto eran reintegrados al banco del Estado luego de darles unas cuantas vueltas por el mercado paralelo, obteniendo una ganancia de casi 70 dólares por cada 100 dólares invertidos”.
Casos como estos, explica Tablante, contribuyeron a la creación de un entramado de corrupción que ahora se usa para evitar que sobre ellos caiga el peso de la ley, y seguir operando a sus anchas a través de la compra de medios, como alternativas a las medidas que también se aplicarían desde el Ejecutivo nacional para controlar la información.
Otros casos puestos como ejemplo por Tablante son el de las fincas, propiedad de Ricardo Fernández Berruecos, que al momento de ser tomada por el Estado por investigación a su propietario tenían miles cabezas de ganado.
“Seria interesante saber qué fue de ese ganado. También la empresa cementera. Qué pasó con todas esas propiedades que han sido estatizadas. Allí es donde está la mayor muestra de ineficencia y corrupción de la cual es responsable la actual administración pública”.
