Las voces de Penélope – Verguenza ajena

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Pues sí. Yo sí creo, y un montón de gente también, en la necesidad de preservar, lo que ha sido una conquista, aunque tardía de la humanidad: la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en este asunto, no hay país, gobierno ni sistema político e ideológico que nos los haya vulnerado alguna o muchas veces, lo cual demuestra la dificultad de individuos y sociedades para respetar al Otro e incluso de olvido, de quienes una vez salvados,ignoran los derechos que alegaron alguna vez.
Pues sí: Cuesta creer que apenas a mediados del siglo pasado, a la manera de un regalo navideño, el 10 de diciembre de 1948, fue cuando pudieron ponerse de acuerdo, los países miembros de la ONU, para dar lugar a lo que podríamos llamar el triunfo de la sensatez y el respeto a la humanidad, a través de los seres humanos concretos.
Es muy fácil decir a los cuatro vientos,que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Lo difícil es aplicarlo si alcanzado el poder, éste hace olvidar al gobernante, partido o sistema,los principios que sustentan La Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo objetivo es la aplicación de la justicia, no de la venganza, al limitar el abuso de quien utiliza el poder para pasar facturas personales, al poner el aparato del Estado al servicio de su personalísima idea de justicia. También se suele olvidar, que dichos derechos, aplican a todas las personas sin discriminación ni exclusión alguna.
Debe haber sido difícil, ponerse de acuerdo sobre los 30 artículos que inspirarían constituciones y leyes de muchas naciones democráticas. Durante 18 años la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, conformada por juristas internacionales, supo de acuerdos y contradicciones propias de las diferencias culturales, creando mecanismos para garantizar aplicaciones y hacer los seguimientos correspondientes. Como consecuencia del delicado ir y venir de acuerdos, se produjeron dos documentos,con carácter de leyes internacionales que darían lugar a “La Carta Internacional de Derechos Humanos”: Uno acerca de los derechos civiles y políticos (Pidcp) y el otro  sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc).Dicho Comité de expertos internacionales en derechos humanos, se encarga de asegurar su cumplimiento por parte de los países signatarios e investigar las acusaciones elevadas por ciudadanos y organizaciones que consideran lesionados sus derechos, lo cual sólo puede hacerse después de agotar todos los recursos legales en su país. Esto incluye las medidas humanitarias.
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Escribo esto pensando en Simonovis . A estas alturas no he logrado comprender del todo, dadas las versiones contrapuestas y el secretismo con que se ha manejado su caso, los alcances de su inocencia o culpabilidad. Lo que sí entiendo es que cada vez su salud se deteriora más. Que su rostro acusa los efectos de diversas dolencias. Que no tengo por qué dudar de las numerosas experticias médicas por una razón muy sencilla: de haber sido falsas, quienes lo mantienen preso, lo habrían utilizado en su contra.
Escribo también porquesiento una profunda vergüenza ajena cuando veo a Simonovis o la ex juez Afiuni, padeciendo las demoras de unas medidas humanitarias que se niegan o se retardan en nombre de una justicia que más parece venganza. Porque creo que mantenerse en silencio es ser cómplice por omisión. La Historia siempre pone las cosas en su lugar y este será un capítulo especialmente vergonzoso de este proceso político en el cual mucha gente decente colocó esperanzas, sueños y esfuerzos. Porque siSimonovismuere en prisión, algo se quebrará no sólo dentro de todos los que no creemos en el odio ni la venganza, sino dentro de los valores del venezolano. Especialmente, porque los derechos humanos adquieren la característica de universales, para evitar que los acosados de hoy sean los vengadores de mañana justificando un futuro lleno de arbitrariedades.
El último artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es elocuente: “Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración”.