Nicolás Maduro, al mejor estilo de los monarcas absolutistas, dicta sus leyes y las ejecuta.
Las materias que se delegarían por la ley habilitante son evidencia clara del repudio del gobierno al significado básico del concepto del Estado de Derecho y a sus principios fundamentales como son la Separación de los Poderes, y la limitación a las libertades únicamente por leyes elaboradas por la Asamblea mediante la deliberación de los representantes de todas las tendencias políticas y la participación directa de la comunidad.
Se pretende habilitar al Presidente para que con su sola voluntad dicte leyes, y de nuevo en busca de una formalidad justificante se invocan motivos que en nada se adecuan a los términos de la habilitación.
La Constitución en efecto prevé la posibilidad de que la Asamblea Nacional delegue en el Presidente la competencia para dictar leyes, sin embargo está estrictamente reglada y limitada en el Texto Constitucional.
Así, so pretexto, de combatir a la corrupción, se le habilita para “Establecer mecanismos estratégicos de lucha contra aquellas potencias extranjeras que pretendan destruir la Patria en lo económico, lo político y lo mediático.”
También con este motivo, se pretende justificar que sea el Presidente quien haga las leyes “para combatir el financiamiento ilegal de los partidos políticos.”
El control de los medios de comunicación y de los partidos políticos por la autoridad Ejecutiva son clara demostración de la inexistencia de un pensamiento democrático acorde a los postulados del Estado de Derecho.
Con esta Ley Habilitante se desaplica el ordenamiento constitucional venezolano que garantiza la existencia de un Estado democrático de Derecho y de Justicia, y los Militares de alto rango aplauden ante todos los venezolanos en la Asamblea Nacional.
@CeciliaSosaG
[email protected]
