Esta semana los habitantes del municipio Iribarren se vieron sorprendidos con el anuncio oficial de la separación de su cargo, por parte de la alcaldesa Amalia Sáez.
Separación, renuncia, orden emanada de Miraflores, no se sabe. Si algo ha estado presente en las actuaciones del Gobierno, desde tiempo inmemorial, ha sido su opacidad. No hay contacto con periodistas independientes e incisivos que pregunten, y repregunten. Se dice sólo cuanto se quiere soltar, sin rigor ni respeto por la opinión pública. Es más, buena parte de las últimas decisiones gubernamentales, con frecuencia delicadas y de alto impacto en la vida de los venezolanos, han sido propaladas a través del Twitter. Como si bastaran 140 caracteres. Como si les faltaran recursos comunicacionales para entrar en contacto con el país, pese a todo el sofisticado y costoso andamiaje mediático del cual disponen. Es como si la intención, más que aclarar, es la de sembrar incógnitas. Abren un ancho margen para las especulaciones, y luego se quejan.
Debió haber sido la propia alcaldesa quien, de primera mano, explicara sus razones, que, es de suponer, son de peso. Ineludibles. Apremiantes. Lo marcaba la obligación asumida con quienes la eligieron por un lapso determinado, y hasta con quienes no votaron por ella. Quizá así habría sido evitada la primera de una serie de confusiones que cobraron forma. Porque enseguida a través de las redes sociales y páginas web se difundió la especie de que había sido nombrada ministra de la Misión Hijos de Venezuela. Fue lo que se entendió de las palabras del Presidente, vertidas, de pasadita, en la misma oportunidad en que, en una nación de sobrevivientes, sometida a la inminencia de un nuevo estallido social, anunció el viceministerio para la Suprema Felicidad del Pueblo Venezolano. No sabe uno si reír o llorar.
Pues bien, la profesora Sáez no se ha sentido, aún, en el deber de aclarar los términos de esta deserción suya, a escasas semanas de que el CNE dé el pitazo formal para el inicio de la campaña electoral en que se escogerá a su sucesor. Más allá de la legalidad del procedimiento, no suena lógico. No es, en definitiva, lo lícito, lo correcto. Lo legítimo.
Deja un mal sabor esta “renuncia”, que tiene su precedente, si se hace un poco de memoria. El PSUV, partido de Gobierno, que escogió a dedo sus candidatos con miras a los comicios locales fijados para el ocho de diciembre, no vio con buenos ojos que la alcaldesa repitiera en el cargo. No fue la base chavista la que, en definitiva, dio su veredicto. La pregonada democracia participativa no operó. Es probable que la lectura de las encuestas tuviese algo, o mucho, qué ver, en todo esto. Sáez desplegaba una intensa actividad política, de alto perfil. Nada dejaba traslucir que se contentara con un solo período. Las vallas en cada hueco tapado, así como las pantallas en las avenidas y los carteles de las desplazantes luces led en los autobuses, nos recordaban, por doquier, que “con Amalia Barquisimeto avanza”.
Ahora resulta que abandona la alcaldía para aceptar la coordinación de un ministerio. ¿Tan poco valor se le asigna desde el poder central, o centralizado, a la alcaldía de una ciudad de la entidad o jerarquía de Barquisimeto, aun venida a menos, como sin duda está? Y, ¿puede ese mismo poder central, pasarle por encima a la cámara municipal, y resolver que es el Director General, un funcionario no electo por el pueblo, quien tendrá la investidura provisional? Así, tendríamos a un alcalde encargado, militar, y a un candidato a reemplazarlo, por el PSUV, también militar. ¿Qué mensaje le envía tal prelación, al mundo civil? ¿Cómo queda, incluso, el tan proclamado apego al pensamiento del Libertador Simón Bolívar, claro y abundante al respecto, como cuando el 13 de septiembre de 1829 le escribe a O’Leary, su edecán: “Es insoportable el espíritu militar en el mando civil”?
Y encima, Sáez se aparta de la escena justo cuando estalla una denuncia sobre supuestos hechos de corrupción, en un viaje a China, para la compra, millonaria en dólares, de los adornos navideños que saturaron el este de la ciudad en los últimos años. Una razón más, de peso, para sostener que la alcaldesa debió culminar su mandato, y rendir cuentas de su actuación. Someterse al escrutinio. Esperar que el órgano contralor hiciera su trabajo. Entregarle las llaves a quien resulte electo el 8-D. Estar allí hasta que se comprobara que cada cosa está en su santo lugar. Era lo sano. Era lo ético.
