Aunque la decisión de Amalia Sáez de separarse de la Alcaldía de Iribarren esté amparada por la legalidad, el abogado Joel Rodríguez Ramos considera que esta determinación reprobable desde el punto de vista ético, por tratarse de una funcionaria electa por el pueblo para cumplir un trabajo específico durante un tiempo determinado.
“El Presidente de la República es libre de ofrecer un cargo ministerial a quien crea conveniente para afrontar el reto. Lo que sí llama poderosamente la atención es que la alcaldesa haya aceptado no llegar hasta el final de su mandato. Ella ha debido culminar su labor como alcaldesa de Iribarren”, dijo.
A juicio del jurista, Sáez demostraría con su salida del poder que ya no se encontraba a gusto en esa función, sobre todo con el tiempo excedido entre su elección y el momento en que vaya a ser sustituida. Probablemente desencantada o desilusionada del cargo, sin ningún incentivo para mantenerse hasta la fecha de las elecciones.
El temor de entregarle la banda del Gobierno municipal a un nuevo alcalde que no pertenezca a su partido, pudiera ser otro de los motivos por los cuales Amalia Sáez prefiere que las últimas semanas de su mandato sean cubiertas por otro funcionario a cargo de la Alcaldía.
“Desde el punto de vista ético y político ha debido concluir su mandato. Eso es lo democrático y lo que hace cualquier político que tenga un sentido del deber, pero esto demuestra que el oficialismo venezolano actual no tiene sentido de lo que es la democracia y la ética, y abandonan sus cargos sin razón”.
Recordó que situaciones similares se han dado con otros funcionarios de elección popular, como varios diputados de la Asamblea Nacional como Iris Varela, quien dejó su curul para irse al Ministerio del Servicio Penitenciario; Calixto Ortega, quien pasó a ser Encargado de Negocios en Estados Unidos.
“Claro, si ellos se postularon para esos cargos, deben concluir su mandato, cumplir con su responsabilidad”, acotó.
No obstante, diferenció estos casos de aquellos donde funcionarios electos para un cargo se separan para buscar otro cargo de elección popular, como pasa con el diputado Alfredo Ramos y su candidatura a la Alcaldía de Iribarren, pero en este caso se trata de una nueva decisión de carácter popular que le da un nuevo mandato para ejercer otro cargo. Ello también lo diferenciaría de Sáez, quien asume una decisión directa tomada por el presidente Nicolás Maduro.
En cuanto a la designación de su sucesor, Rodríguez Ramos considera que esta decisión debe partir del Concejo Municipal y en todo caso no debería ser asumida por el encargado de la Dirección General de la Alcaldía, por tratarse de un cargo con responsabilidades propias.
